Imposible concebir una sociedad en la cual unos cuantos encapuchados, con bombas incendiarias y otro tipo de instrumentos letales, puedan incendiar palacios de justicia, centros policiales de atención inmediata, hoteles, alcaldías, buses, otros tipos de medios de transporte, cajeros bancarios, etc. Es un comportamiento intolerable. Establecer barricadas permanentes de diferente naturaleza para impedir la movilidad de trabajadores y vehículos, de alimentos, de productos farmacéuticos, etc., es intolerable. Crear peajes dentro o fuera de las ciudades es intolerable.
Detener, esculcar, intimidar enfermos y personal sanitario es intolerable. Saquear almacenes, tiendas, supermercados es intolerable. ¡Y así de otros desmanes!
¿Acaso la preservación de una sociedad política consiste en abandonar a los ciudadanos y sus bienes y los del servicio público a la conducta criminal de unas bandas? Es regresar a la ley de la selva, al imperio del más fuerte, a la voluntad del más irracional.
Una protesta social es la expresión del legítimo derecho de disentir en una democracia. Es uno de los mecanismos de sintonía entre gobernantes y ciudadanos, entre diferentes sectores de la sociedad. Y ello, es más necesario cuando un país parece recostarse sobre sus éxitos. ¿Acaso la situación chilena?
Es un error hacerse la ilusión de que a mayor progreso mayor resignación de quienes han recibido los beneficios del desarrollo económico y social. Lo recibido no quiere decir que se los regalaron, sino que se los ganaron con esfuerzo continuado. El progreso genera la ambición de obtener más y mejores beneficios. Y así es como una sociedad se va perfeccionando, haciéndose cada vez más amable. A mayor equidad, mayor convivencia. Lo que resulta intolerable es que ese proceso de mejoramiento económico y social se detenga. Peor aún, que se deteriore. Es lo que ha ocurrido con la pandemia. Y en los países que se matricularon en serio en la globalización, nuevos patrones de desigualdad se instalaron y así se afectó la tranquilidad que caracterizaba a los países desarrollados.
Y cómo es que no hay previsión que permita encontrar soluciones que aminoren los efectos negativos de los momentos tan evidentemente críticos. En mi perspectiva es una falencia del sistema político. En el caso colombiano más que evidente. Elementos tan claves del sistema político como la legitimidad, la legalidad, la representatividad, la confianza en las instituciones, en el personal político, en las políticas públicas; la fortaleza del consenso, la importancia del disenso, la eficacia gubernamental, la vigencia democrática de los procesos decisorios, la integridad de funcionarios y procesos, para mencionar tan sólo algunos, se han debilitado hasta niveles críticos. Ello explica la dimensión de la protesta social. Jamás la de los comportamientos destructivos que pisotean los más elementales derechos del pacto social que sirve de fundamento al sistema político.
Con frecuencia las encuestas presentan la fotografía que se repite de este debilitamiento del sistema político. Y como que nadie se da por enterado. Prestarles atención a estos elementos del sistema político parece un tema para soñadores. Ilusos. Invertir dinero público o privado en fortalecer la política no encuentra eco alguno. ¿Acaso la idea de que hay una mano invisible que se encarga de esos temas a ratos incomprensibles para algunos, o innecesarios o inútiles?
Dudo que un sistema político tan precario como el que tenemos nos ayude a estabilizar de verdad nuestra gobernabilidad. ¡Sería un milagro digno de ser predicado por todas partes!
