Gobierno del Presidente Duque ha formalizado 6.308 pequeñas propiedades rurales que superan 77.158 hectáreas. Con entregas masivas de títulos de propiedad, ANT busca formalizar 50.000 predios rurales en este cuatrienio.
Al iniciar oficialmente y por primera vez su participación en Agroexpo, la Agencia Nacional de Tierras reportó que, en su estrategia para agilizar la formalización de la propiedad rural en el país, durante el gobierno del presidente Iván Duque se han legalizado 6.308 pequeñas propiedades rurales en todo el país, las cuales ya suman 77.158 hectáreas.
De acuerdo con cifras oficiales desde el 7 de agosto de 2018 hasta el 30 de junio de 2019, del total entregados, 5.647 títulos corresponden al programa Formalización de la Pequeña Propiedad Rural Privada y otros 661 al denominado Formalizar para Sustituir, “que consiste en quitarle terreno a los cultivos ilícitos para dárselo a las siembras legales”, explicó la Directora General de la ANT, Myriam Carolina Martínez Cárdenas, al inaugurar el stand de la entidad en Agroexpo 2019 que se realiza en la ciudad de Bogotá D.C. Y recalcó que la meta es formalizar 50.000 predios rurales este cuatrienio.
Precisamente, al instalar la XXII versión de Agroexpo en Bogotá, el presidente Iván Duque destacó “la articulación institucional en la que está comprometida su gobierno, para hacer que la formalización de la propiedad rural se convierta en una herramienta efectiva para el desarrollo del campo, apoyando las estrategias de agricultura por contrato y ‘coseche y venda a la fija’, que dirige el ministro Andrés Valencia”.
Miles de procesos en curso
Por otra parte, la Directora General de la ANT, informó que otros 19.819 predios rurales se encuentran en trámite en procura de dotar de seguridad jurídica.
De acuerdo con Myriam Martínez Cárdenas, estas cifras corresponden a predios identificados y sometidos a intervención desde los distintos frentes que atiende la entidad y con base en los procedimientos legales que rigen, por un lado, el saneamiento de parcelas ocupadas de manera informal, o bien, a hogares que aspiran a que se les adjudique tierra apta para mejorar sus condiciones de vida.
Myriam Martínez afirmó, además, que “la formalización de la propiedad rural es un factor fundamental para el desarrollo más competitivo del sector agropecuario y para superar fenómenos como la pobreza en las zonas rurales del país. También es punto de partida para el progreso de los hogares que durante muchos años han esperado obtener los títulos que los acrediten como propietarios de sus tierras”.
Acelerador a procedimientos especiales agrarios
Pero, además, de la formalización de la propiedad existen procedimientos orientados a dotar de seguridad jurídica y permitir una administración de los predios rurales.
Los procedimientos especiales agrarios permiten asegurar tanto la protección de las tierras de la Nación y el acatamiento de la función social de la propiedad (artículo 58 C. P.), como la disponibilidad permanente de predios aptos para dar cumplimiento al mandato constitucional que impone al Estado el deber de promover el acceso progresivo a la propiedad de la tierra por parte de los trabajadores agrarios, en forma individual y asociativa (artículo 64 C. P.).
De ellos, los procesos de clarificación de la propiedad rural, actualmente se toman hasta 5 años en resolver; a efectos de ofrecer celeridad en su gestión se pretende optimizar su tramitación en 18 meses como promedio por parte de la ANT poniendo en marcha la aplicación de nuevos instrumentos jurídicos, con los cuales se espera acortar los tiempos de respuesta.
“En la forma como se venían abordando los procesos de clarificación (determinación de la situación jurídica de un baldío ocupado), estos trámites se venían tardando alrededor de 5 años. Con la aplicación del decreto 902 de 2017, que establece procedimientos administrativos más ágiles, se estima que estos procesos se pueden surtir en un tiempo promedio de 18 meses. Aquí es donde entran las otras 22.700 propiedades que mencionábamos antes”, explicó la Directora Myriam Martínez.
Piloto En Ovejas – Sucre
La Agencia Nacional de Tierras – ANT- dio inicio a un proceso que concluirá con una entrega masiva de títulos de propiedad rural, sin precedentes en la implementación de la reforma agraria, a campesinos del municipio de Ovejas – Sucre. Solo para este caso, en el marco de la implementación del plan de Ordenamiento Social de la propiedad Rural se logró la identificación de 5.761 predios rurales, producto de lo cual la Agencia Nacional de Tierras estima un proceso de entrega de títulos a 2.919 familias en esa zona del país.
Otra de las banderas de la Agencia Nacional de Tierras es el Barrido Predial, trabajo que adelanta a través de la Dirección de Ordenamiento Social de la Propiedad bajo la modalidad del FISO, (Formulario de Inscripción de Sujetos de Ordenamiento FISO).
Este instrumento permite clasificar la situación de cada beneficiario que desea conseguir la titularidad de su tierra. Cabe recordar que el FISO es una solicitud de reconocimiento de derechos sobre la tierra, por medio de unas preguntas el campesino cuenta el estado de su predio y algunas condiciones propias de su vida.
DATOS CLAVES DEL BALANCE
➢ En el actual gobierno se han formalizado 77.158 hectáreas en todo el país con los programas Formalización de la pequeña ‘Propiedad Privada Rural y Formalizar para Sustituir’.
➢ Con la constitución de 15 resguardos indígenas, la ampliación de otros 2 y 10 titulaciones colectivas a comunidades negras, se formalizaron 247.916 hectáreas, beneficiando a 2.929 familias de estas comunidades.
➢ Con los distintos programas de formalización de tierras se ha beneficiado a 1.767 mujeres rurales.
➢ Se han formalizado 153 predios baldíos a favor de Entidades de Derecho Público, bienes que son destinados a Escuelas, Colegios, Canchas Deportivas, Juntas de Acción Comunal y Puestos de Salud.
➢ En procesos de clarificación de la propiedad rural se le puso en esta administración el acelerador para lograr la formalización de unos 22.700 predios, reduciendo los tiempos de estudio de cinco años a 18 meses, con fundamento en la ley 902.
