Este viernes los colombianos pudieron enterarse de la verdad sobre el caso del expresidente Álvaro Uribe Vélez, durante las casi siete horas de transmisión de la indagatoria, a través de los canales digitales de Revista Semana.
Frente a la información revelada por el medio de comunicación el Centro Democrático indicó que la transparencia, rectitud y disposición del expresidente para atender cada uno de los llamados que le ha hecho la justicia, se evidencian en la respuesta precisa y argumentada que dio a cada uno de los cuestionamientos hechos por el magistrado César Reyes.
Para la bancada del Centro Democrático, quedó claro que el Presidente Álvaro Uribe Vélez no buscó testigos, y que solo pidió corroborar información que alertaba sobre falsos testimonios en su contra.
“El país pudo conocer que nunca ordenó buscar a Juan Guillermo Monsalve, nunca buscó a Juan Carlos Sierra, tampoco determinó a Álvaro Hernán Prada en conducta delictiva alguna, y mucho menos conoció de giros hechos por el abogado Diego Cadena a testigos, que se habrían hecho a título de ayuda humanitaria”, indicó la bancada mediante una carta dada a conocer en la noche de este viernes a los medios de comunicación.
Además, señalaron que la verticalidad y conducta del presidente Álvaro Uribe no es discutible para quienes conocen el rigor con el cual ha manejado su vida pública y privada, desde concejal de Salgar, Antioquia hasta la Presidencia de la República.
La norma de su vida y su legado político indica su coherencia y poder decir en privado lo que se defiende en público. El Centro Democrático enfatiza y reitera su defensa y respaldo incondicional de la conducta, obra y legado del presidente Álvaro Uribe Vélez, insistiendo en la necesidad que el país pueda conocer todo el expediente y con la certeza que la verdad se sobrepondrá ante las sofisticadas fábricas de falsos testigos auspiciadas por los voceros de la insurgencia política de Colombia”, puntualizaron los firmantes.
Sobre los detalles del expediente, y las anomalías procesales resgistradas en su juzgamiento, el exmandatario nacional indicó que “el Magistrado Reyes infiere o supone (otra de sus más de 100 inferencias) que junto con el Dr. Jaime Lombana preparé la carta de rectificación que debía ser firmada por Monsalve, testigo amigo de visitas y de teléfono de Iván Cepeda, quién pagó a su familia a través de ONG. Esto es falso, nunca se hizo carta para que Monsalve rectificara. Las interceptaciones, las fechas y el contenido de los correos, demuestran que lo único que preparaba la oficia del Dr. Lombana era la respuesta a un incidente de desacato en el Tribunal de Bogotá referido a una tutela de Daniel Coronell en mi contra.
“El Tribunal de Bogotá exigía que mi respuesta a ese auto debería radicarse antes de las 2,24 pm del día 21 de marzo de 2018, esto se cumplió como efectivamente consta con sello de recibido del escrito y la publicación en página oficial de la rama judicial, radicado 11001220400020180031300. Me privan de la libertad con inferencias, por suposiciones acomodadas a sus sesgos, que van en contra de las pruebas del expediente, a pesar de las que faltan”, reiteró el exsenador Uribe.
Proceso a la justicia ordinaria
Por su parte, el Ministerio Público ratificó el llamado del Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo Flórez, frente al deber que tienen todos los funcionarios de acatar y dar cumplimiento a las decisiones judiciales, y señaló que, con la separación definitiva del entonces congresista a su curul, desaparece el fuero que la Constitución le otorgaba, por lo que la Corte Suprema solo podrá conocer de los procesos en los que los presuntos delitos tuvieran relación directa con su función de congresista.
“El único escenario legítimo para la discusión y confrontación de las decisiones judiciales es el proceso mismo, acudiendo a los instrumentos que el debido proceso consagra, y a ninguno otro ajeno al mismo, por parte de las autoridades o de los ciudadanos. Todos los funcionarios públicos desde el Señor Presidente de la República hasta el más modesto de los servidores públicos deben respetar y cumplir las decisiones de la justicia, absteniéndose de cuestionar, desacatar o promover el incumplimiento de las mismas, sin interferir los principios de independencia y autonomía del poder judicial, básicos para un Estado que presuma ser de derecho”.
Para el ente de control con la renuncia del Dr Uribe Velez desaparece la competencia de la Sala Especial de Instrucción, toda vez que los cargos por los que es investigado corresponden a delitos comunes que no tienen relación con la función de congresista.
En su análisis la Procuraduría estableció que la Sala no relacionó actuaciones desplegadas por el entonces senador dirigidas a consolidar un abuso de poder para controlar su liderazgo político, que pudiera tener incidencia en el caudal electoral o que diera paso a un acercamiento a las regiones de manera delictiva para consolidar su dominio y el posicionamiento en el cargo. Tampoco se demostró que hubiera utilizado servidores de su Unidad de Trabajo Legislativo –UTL–o que pusiera en peligro latente su actividad en el Congreso de la República.
