Por fin el gobierno tomó la iniciativa de divulgar la lista de los integrantes de los grupos terroristas, los nombres y las fotografías de los principales bandidos que están ejecutando masacres en Colombia, dentro de una guerra irregular para dominar las zonas cocaleras y las regiones dedicadas a la minería ilegal, divulgando este gobierno un programa de recompensas para facilitar la ubicación y captura de estos criminales, que son responsables de numerosos asesinatos de líderes sociales.
La puja que adelantan los cabecillas del Movimiento Nueva Marquetalia, de las disidencias de las FARC, que encabezan alias Jesús Santrich, prófugo de la justicia colombiana y norteamericana; Luciano Marín, Alias Iván Márquez; Hernán Darío Velásquez Saldarriaga, alias El Paisa; y otros veinte cabecillas de cuadrillas de narcotraficantes y subversivos, cuya representación política y militar tiene el apoyo de la dictadura venezolana, requiere de parte del gobierno de Colombia una política de mano fuerte, para cortar de raíz estas acciones criminales que han ensombrecido el panorama nacional y la imagen internacional de Colombia.
Confunde a la opinión pública la actitud complaciente de la representación parlamentaria de las antiguas guerrillas de las FARC en el Congreso de Colombia, ese silencio que se extiende a sus aliados del Polo Democrático, del Partido Verde y del Movimiento Decentes, que solamente critican al gobierno por el presunto incumplimiento de los acuerdos de paz que suscribiera el pasado gobierno del expresidente Juan Manuel Santos, pero nunca se pronuncian para repudiar los asesinatos que las disidencias del movimiento alzado en armas realizan y ejecutan, buscando su expansión territorial.
Son los mismos parlamentarios de estas organizaciones políticas que, desde el Congreso de la República y por extraña coincidencia, se oponen a la fumigación con glifosato de los cultivos de coca en El Cauca, Nariño, Putumayo, Caquetá, Vaupés, Arauca y Catatumbo, que son fuente de financiación de la lucha armada y de enriquecimiento ilícito de los cabecillas de las disidencias de las FARC, que se apartaron de los acuerdos de paz, porque mantienen grandes negocios y fortunas en los paraísos fiscales del mundo.
El gobierno nacional de Colombia ha destinado más de veinte mil millones de pesos para el pago de recompensas a quienes faciliten la localización, captura o exterminio de los cabecillas de los grupos terroristas, que siguen matando sin piedad a líderes sociales que, de buena voluntad, acordaron con sus comunidades la erradicación manual de los cultivos de coca.
ha hecho pensar en la necesidad de comprar información para erradicar la nueva violencia terrorista, que está desacreditando y descalificando a las instituciones nacionales, entre ellos a las fuerzas militares, ante la opinión nacional e internacional.
