Antonia Urrejola, experta internacional en Derechos Humanos, escogida en julio de este año por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU para “identificar y verificar los obstáculos para la implementación del acuerdo de paz de 2016, en particular los que anunció públicamente en marzo de 2023 la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP (…), y determinar las consecuencias de esos obstáculos para el pleno disfrute de los derechos humanos en virtud del derecho internacional, y del derecho interno a la paz consagrado en la Constitución Política de Colombia”, entregó este jueves un informe preliminar de los avances de su investigación.
Resumió su informe la también ex magistrada de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, en siete obstáculos principales, siendo el primero el contexto político desfavorable post acuerdo, “los hechos denunciados por la JEP en marzo de este año, relativo al asunto de “‘Jesús Santrich’, se enmarcan en un contexto que generó, no sólo a través del legítimo debate político, sino también por el uso abusivo de la persecución judicial, el debilitamiento de la confianza ciudadana en el acuerdo de paz y en el sistema de justicia transicional”.
El segundo obstáculo es el continuum de la violencia: “El acuerdo de paz planteaba un despliegue estatal en los territorios para construir paz y garantizar derechos, pero no se tomaron las medidas inmediatas necesarias, en particular el despliegue total en los territorios que dejaron las extintas FARC-EP”.
Como tercer obstáculo, identificó las violaciones del derecho a la vida e integridad personal de las personas firmantes y en proceso de reincorporación.
Continúo su exposición indicando que el cuarto obstáculo son las vulneraciones del derecho a la seguridad jurídica de las personas comparecientes.
Dijo que las debilidades de coordinación interinstitucional son el quinto obstáculo y mencionó una inaplazable necesidad de que exista una sola instancia estatal de alto nivel que lidere la implementación del acuerdo.
El legado de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición fue otro de los puntos destacados por la experta en Derechos Humanos.
Y el último obstáculo identificado en su investigación fue el rezago en la implementación del capítulo étnico y disposiciones de género, punto en el que recomendó que su implementación.
Finalmente, Urrejola celebró que el gobierno actual denota una voluntad política de implementar el acuerdo.
