El centralismo bogotano ha sido, históricamente, el ancla y el lastre del desarrollo colombiano. Por eso, el anuncio hecho desde Pasto por el senador caucano Ferney Silva sobre el avance de la Ley de Competencias no es un dato menor. Prometer un incremento en la participación de las regiones en el Sistema General de Participaciones (SGP), pasando del 24% al 39,5% —lo que se traduce en unos $56 billones de pesos adicionales al año—, es una apuesta ambiciosa que toca la fibra más sensible de la estructura política y económica del país.
Que el debate se instale en los territorios, fuera de las frías oficinas de la capital, es un acierto innegable. Las necesidades de Pasto, del Cauca o del Chocó no se entienden igual desde el norte de Bogotá. La descentralización efectiva no es un capricho político; es una deuda histórica con una Colombia profunda que ha tenido que mendigar recursos para infraestructura básica, salud y educación.
Sin embargo, el entusiasmo de la billetera llena debe venir acompañado de una dosis urgente de realismo y responsabilidad:
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¿Estamos preparados para el flujo de caja? Entregar más poder y recursos a municipios y departamentos es el camino correcto, pero abre una interrogante incómoda: ¿tienen las alcaldías y gobernaciones la capacidad técnica y la transparencia institucional para administrar semejante inyección de capital?
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El fantasma de la corrupción local: Sin mecanismos estrictos de veeduría ciudadana y control fiscal, el riesgo de que estos $56 billones terminen aceitando maquinarias políticas locales o diluyéndose en elefantes blancos es altísimo.
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La madurez institucional: La autonomía no es solo recibir el dinero; es saber ejecutarlo con criterios de eficiencia, equidad y visión de largo plazo.
“La descentralización sin fortalecimiento institucional es solo una transferencia de chequeras, no de desarrollo.”
La iniciativa liderada por la Comisión de Ordenamiento Territorial es un paso valiente. Cambiar el rumbo de Colombia exige descentralizar la toma de decisiones y empoderar a los líderes locales que conocen el barro de sus comunidades. Pero para que este proyecto no se quede en una promesa populista o en una reforma fallida, el Congreso y la ciudadanía deben exigir que cada peso adicional esté blindado contra la corrupción y atado a resultados medibles.
El mensaje político desde Pasto es claro: las regiones quieren el protagonismo que por ley les corresponde. Ahora el reto es demostrar que, con más recursos en las manos, los territorios son capaces de construir su propio futuro y no solo de repetir los vicios del centralismo que tanto critican.
