La escuela ha sido concebida, *desde sus bases más idílicas, como un territorio sagrado de aprendizaje, un espacio donde la diversidad de pensamiento debe ser el abono para el pensamiento crítico y el respeto mutuo*. Sin embargo, lo ocurrido el pasado 2 de junio de 2026 en el *Colegio Efraín Orozco, en Cajibío, Cauca*, enciende las alarmas sobre un mal silencioso pero devastador que carcome nuestras aulas: *el matoneo ejercido desde la asimetría del poder docente y la preocupante instrumentalización de la cátedra para el proselitismo político*.
El *caso de la menor Shara Isabela López Ruano, estudiante de noveno grado, es un doloroso reflejo de lo que jamás debería ocurrir en un aula de clase*. Según la denuncia formal interpuesta por su padre, una clase de Educación Física terminó convertida en un escenario de señalamiento, burlas y descalificaciones personales y políticas a cargo de la docente Mónica Barragán. *Utilizar un espacio pedagógico para desatar juicios de valor, difamaciones personales sobre figuras públicas, en este caso, el candidato Abelardo de la Espriella y, peor aún, calificar de “ignorantes” a los alumnos por la postura ideológica de sus familias, no es educar; es amedrentar*.
Lo grave del asunto no radica únicamente en la evidente vulneración a la neutralidad política que exige la Ley General de Educación (Ley 115 de 1994). El verdadero fondo ético y humano es el quebrantamiento de la confianza de los menores. *Cuando un docente valida que el resto del salón se burle de una alumna hasta hacerla romper en llanto y verse forzada a huir del aula en busca de auxilio, está cometiendo una flagrante negligencia frente a la Ley 1620 de 2013, que le obliga a ser barrera de contención, y no promotora, del acoso escolar*.
*”Un profesor que usa su tarima para imponer dogmas y humillar la libre conciencia de un estudiante anula por completo la esencia de la pedagogía.”*
Los testimonios *adjuntos de otros padres de familia, cuyos hijos hoy expresan “temor de opinar” por miedo a represalias, confirman que el impacto emocional del proselitismo agresivo deja secuelas en la salud mental de los jóvenes*. Clasificar una situación de esta índole como un simple altercado escolar o una *”Situación Tipo II” (según el Decreto 1075 de 2015) se queda corto ante la vulneración de derechos fundamentales como la dignidad humana, la honra y la libertad de conciencia, protegidos por nuestra Constitución*.
El *Comité Escolar de Convivencia del plantel y la Secretaría de Educación Departamental del Cauca tienen hoy sobre su mesa un examen decisivo*. No se trata de censurar el debate político en los colegios, el cual es sano y necesario, *sino de trazar una línea roja infranqueable: las aulas de clase son para enseñar a pensar, no para decir qué pensar*. Permitir que el sesgo ideológico de un adulto se convierta en una licencia para el *bullying institucionalizado es abrirle la puerta a una sociedad cada vez más polarizada*, intolerante y desprovista de empatía desde su propia raíz. *La educación del Cauca, y del país entero, exige docentes que inspiren, no que persigan*.
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