La reciente columna de Salud Hernández Mora, “Las injusticias cometidas con los generales Mejía y Rodríguez”, no es solo un lamento por la salida de dos altos mandos; es una advertencia flagrante sobre las grietas estructurales que se están abriendo en la seguridad nacional. Cuando la política del Gobierno prima sobre la estrategia militar y el conocimiento del terreno, el resultado no es la paz, sino la desprotección de los ciudadanos más vulnerables.
Como bien señala Hernández Mora, el caso del general Erik Rodríguez y el marginamiento del general Federico Mejía evidencian una peligrosa tendencia: la de apartar a quienes se atreven a decir verdades incómodas desde el fango de las zonas de conflicto. En regiones como el Cañón del Micay o el departamento del Cauca, la realidad no se entiende desde la comodidad de un escritorio en la capital. Se entiende enfrentando el dominio territorial de las disidencias, el Eln y la Segunda Marquetalia, grupos que han instrumentalizado a las comunidades locales mediante economías ilegales.
“Si continúan retirando a los mejores oficiales con falaces motivaciones, seguiremos perdiendo la guerra”.
Esta demoledora frase de mi colega sintetiza el núcleo del problema. La salida de militares calificados como “troperos“, respetados por las comunidades civiles atrapadas en el fuego cruzado, deja un vacío de poder que el crimen organizado no tarda en llenar. Castigar la honestidad operativa y señalar de supuesta “complicidad” a oficiales atrapados en dilemas tácticos perversos, donde defenderse de asonadas puede costarles la carrera penal y no hacerlo les cuesta la vida, es una muestra de profunda ignorancia o, peor aún, de desidia institucional.
La radiografía que plantea el texto original es nítida: el narcotráfico y la infiltración criminal avanzan mientras los cuerpos de seguridad se quedan en pañales debido a decisiones caprichosas. Respaldar la mirada de reporteras que, como Salud, recorren el territorio y escuchan a la población civil, es un deber periodístico.
La seguridad nacional no puede ser un juego de fichas políticas intercambiables. Si el Estado insiste en descabezar la experiencia militar por mero sesgo ideológico, la factura no la pagarán los despachos gubernamentales; la pagarán los campesinos, los soldados en el frente y el futuro de un país que se resiste a quedar en manos de la criminalidad.
Columnista . MARCELO A. ARANGO MOSQUERA
