El reciente auto del Tribunal Superior de Bogotá, que ordena de forma provisional al candidato Abelardo de la Espriella y a su movimiento retirar propaganda que incluya *la frase “Firmes por la Patria”, el uso de la bandera nacional e insignias militares*, ha encendido las alarmas en el tablero político y jurídico del país. Más allá del debate estrictamente electoral, la decisión abre un interrogante incómodo pero necesario: *¿cuáles son las verdaderas prioridades de nuestra administración de justicia?*
Desde la perspectiva legal, *el magistrado ponente argumenta el cumplimiento de las Leyes 130 de 1994 y 1475 de 2011, buscando evitar la apropiación exclusiva de símbolos de identidad nacional que pertenecen a todos los colombianos*. La tesis judicial sostiene que vincular la palabra “patria” a un proyecto político específico puede sugerir implícitamente que quienes difieren de este incurren en una suerte de deslealtad con el Estado. Sin embargo, para un sector considerable de la ciudadanía y diversos juristas, *prohibir el uso lingüístico de conceptos universales como “patria” o “firmeza” resulta un exceso interpretativo que roza la limitación de la libertad de expresión política*.
Es inevitable que surja la suspicacia sobre el origen de estas decisiones. En el imaginario colectivo de las regiones, la percepción de que en la capital existe un arraigado potencial de izquierda no es un secreto. *Esto lleva a muchos a preguntarse si los estrados judiciales están siendo utilizados como herramientas de contención ideológica en plena contienda*. No obstante, caer en la generalización de que todo fallo responde a un sesgo político es debilitar la institucionalidad; la clave está en evaluar la proporcionalidad de la medida. ¿Realmente se puede prohibir a un ciudadano o a un colectivo proclamar que está “firme por su patria”?
Lo verdaderamente preocupante de *este episodio es el desgaste del aparato judicial en el juego del “tire y afloje” de la política*. Mientras los despachos en Colombia enfrentan niveles críticos de congestión, con miles de procesos penales, civiles y administrativos esperando años por una resolución definitiva, *sorprende la celeridad con la que se tramitan medidas cautelares sobre eslóganes, camisetas de la Selección o vallas publicitarias*.
*Nadie va a ser detenido ni sancionado penalmente de forma masiva por pronunciar estas palabras*; la orden del Tribunal es un mandato administrativo y provisional dirigido a una campaña en el marco de una tutela. *Pero el mensaje de fondo que recibe el ciudadano de a pie es desalentador*. La justicia parece más ágil para dirimir las *disputas estéticas e ideológicas de la élite política que para resolver los problemas de seguridad, transparencia e infraestructura que asfixian a las provincias.* La patria se defiende garantizando derechos fundamentales y resolviendo la impunidad, no censurando un lema de campaña
*COLUMNISTA : Marcelo Alberto Arango Mosquera*
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