En la política colombiana nada es gratuito, y mucho menos cuando los hilos del derecho constitucional se tensan al punto de la arbitrariedad. La reciente y controvertida “suspensión” contra el presidente Gustavo Petro ha levantado más que sospechas; ha encendido las alarmas sobre una posible puesta en escena donde las normas jurídicas parecen subordinadas a intereses puramente estratégicos.
Para cualquier observador medianamente riguroso del derecho constitucional, la medida resulta, a todas luces, un despropósito legal. La Constitución del 91 es clara sobre los fueros y los procedimientos para investigar o sancionar a un mandatario en ejercicio. Forzar la barra para imponer una suspensión saltándose estos canones no es solo un error técnico; es una arbitrariedad que invita a pensar que el verdadero objetivo no es la justicia, sino la victimización. ¿Se busca acaso revivir el fantasma del “golpe blando” para cohesionar a las bases del petrismo en un momento de evidente desgaste?
Pero el diablo está en los detalles, y en este escenario, los nombres propios son los que revelan el trasfondo de la tramoya. Que la autoría de esta polémica decisión recaiga sobre una figura estrechamente vinculada al camaleónico Roy Barreras añade una capa de cinismo difícil de ignorar. En el ajedrez político nacional, Roy ha sido el maestro de las transiciones y los equilibrismos. ¿Estamos ante un intento deliberado de generar un “empate técnico”? Tras el festival de tutelas mal interpuestas y desatinos jurídicos que han llovido desde distintos sectores, una suspensión abiertamente inconstitucional sirve como el contrapeso perfecto: la excusa ideal para decir que “todos cometen embarradas” y diluir las responsabilidades del oficialismo.
Para rematar el cuadro del absurdo, el papel de la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes termina por desdibujar cualquier rastro de imparcialidad. Es imposible no reparar en la figura de Gloria Arizabaleta. Siendo una ficha activa del Pacto Histórico, resulta éticamente incomprensible y políticamente descarado que no se haya declarado impedida. ¿Cómo puede el país confiar en la transparencia de una célula legislativa que debe investigar al presidente, cuando quienes la integran llevan su misma camiseta política? El conflicto de intereses es tan grande que no cabe en el Capitolio.
Lo que estamos presenciando no es la aplicación del derecho, sino un juego de espejos. Una suspensión arbitraria que victimiza al presidente por un lado, mientras que por el otro, sus propios aliados se atornillan en los órganos que deberían juzgarlo con imparcialidad. Al final, parece que el libreto está escrito para que, gane quien gane en los estrados, la ciudadanía siga perdiendo la fe en las instituciones.
