El Cauca se desangra a la vista de todos, y la sensación de desamparo ya no es una percepción; es una realidad asfixiante que se mide en horas. El secuestro de Sonia Sarmiento, propietaria del reconocido restaurante La Marqueza en la vía Popayán-Timbío, perpetrado por hombres armados con fusiles a plena luz del día y ante decenas de testigos, es el reflejo de un departamento donde la ley del más fuerte se tomó las carreteras.
Lo más alarmante no es solo la audacia de los criminales, sino la velocidad de la debacle: menos de 24 horas antes, Zulandy Mambuscay, dueña de un salón de belleza, corría la misma suerte en Piagua, dejando a su pareja herida de bala al intentar defenderla. Dos mujeres, dos comerciantes, dos familias destrozadas en un abrir y cerrar de ojos.
Hay una realidad política y cronológica que no se puede ignorar. El grado de inseguridad y la audacia de las estructuras ilegales en el Cauca parecen aumentar con cada segundo que pasa, acelerándose a medida que se vislumbra el tramo final y la futura salida del gobierno de Gustavo Petro. Para muchos analistas y habitantes de la región, el territorio se ha convertido en el escenario de una macabra carrera contra el tiempo: los grupos al margen de la ley se apresuran a consolidar su control territorial, económico y social antes de cualquier transición política en el panorama nacional.
La estrategia de la “Paz Total”, que en teoría buscaba silenciar los fusiles, en la práctica caucana ha dejado un vacío de autoridad que los violentos llenan con secuestros, extorsiones y terror. La ciudadanía del centro del departamento, desde Popayán hasta Timbío y El Tambo, observa con impotencia cómo los delincuentes actúan con total impunidad, movilizándose en camionetas y portando armamento de largo alcance como si fueran los verdaderos dueños de las vías del país.
Mientras el reloj avanza hacia el cambio de mandato en el país, el Cauca no puede quedarse esperando a que termine el cronograma político nacional. Los operativos del Ejército y la Policía que se activan después de que los vehículos ya van rumbo a la zona rural son paños de agua tibia. La comunidad exige y necesita una presencia institucional permanente, ofensiva y contundente de inmediato. De lo contrario, los meses que restan de este ciclo político no serán de transición, sino de absoluta capitulación ante la delincuencia.
