El anuncio del presidente electo, Abelardo De La Espriella, sobre un drástico recorte en el Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) ha encendido las alarmas en los sectores que defienden la arquitectura institucional del país. Bajo la bandera de la austeridad y la eliminación de la duplicidad de funciones, la nueva administración promete ahorrar cerca de 10.000 millones de pesos anuales y suprimir 229 cargos. Sin duda, la narrativa de reducir la “burocracia innecesaria” es música para los oídos de un electorado cansado del gasto público ineficiente. Sin embargo, el diablo suele estar en los detalles, y en este caso, el detalle se llama la implementación del Acuerdo de Paz.
La reacción de la Unidad de Implementación del Acuerdo de Paz no se hizo esperar. Alzar la voz no es un simple capricho de la administración saliente de Gustavo Petro; es un recordatorio jurídico de un peso incuestionable: el Acuerdo de Paz firmado en 2016 con las extintas Farc-EP goza de un blindaje constitucional y es una política de Estado, no un programa de gobierno que pueda archivarse al cambiar de inquilino en la Casa de Nariño.
La delgada línea entre eficiencia y desmantelamiento
Nadie duda de que el Estado colombiano necesita optimizar sus recursos. Fusionar consejerías y trasladar funciones a los ministerios para evitar duplicidades es una estrategia administrativa válida y, muchas veces, necesaria. El problema radica en el cómo y en el qué.
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El argumento fiscal: Reducir dependencias del Dapre suena lógico si estas tareas ya las realizan carteras ministeriales con mandato legal.
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El riesgo institucional: Desmontar oficinas clave como la Unidad de Implementación del Acuerdo de Paz sin un plan de transición claro e integral no es solo un asunto de organigramas. Puede traducirse en un peligroso vacío de liderazgo para un proceso que ya de por sí enfrenta enormes desafíos de seguridad e integración en los territorios.
“Ninguna decisión de reestructuración puede, por sí sola, desconocer este marco constitucional ni desmantelar la institucionalidad creada para hacerlo efectivo”. Unidad de Implementación del Acuerdo de Paz
Esta advertencia no es menor. Desmantelar de un plumazo la estructura técnica que vigila los compromisos de paz genera un clima de incertidumbre jurídica y física para los firmantes del acuerdo, un colectivo que sigue estando en el ojo del huracán de la violencia rural.
El llamado al diálogo: Del “tijerazo” al empalme técnico
La propuesta de la Unidad saliente de “designar un equipo” y mantener las puertas abiertas para un diálogo constructivo es el camino sensato. Gobernar un país no es lo mismo que administrar una empresa privada; las decisiones de austeridad deben calibrarse con las obligaciones constitucionales del Estado.
El gran reto para Abelardo De La Espriella a partir del 7 de agosto será demostrar que su anunciado “tijerazo” es una medida de genuina eficiencia fiscal y no una estrategia política para debilitar los compromisos históricos del Estado colombiano. La paz no es propiedad de un gobierno saliente ni un estorbo para el entrante; es un derecho síntesis de todos los colombianos que requiere, por encima de todo, estabilidad y madurez institucional. El diálogo de empalme que hoy se solicita es la primera prueba de fuego para ver si la nueva administración optará por la concertación o por la confrontación directa.
