Las recientes declaraciones del presidente Abelardo de la Espriella, advirtiendo que la autonomía universitaria no está por encima del orden público y amenazando con el ingreso de la fuerza pública a los campus para perseguir a responsables de actos violentos, reabren un debate histórico, visceral y complejo. Sus palabras, más que una simple directriz de seguridad, tocan la fibra de un principio fundamental del Estado social de derecho: la inviolabilidad de la universidad pública como territorio de pensamiento libre.
Es innegable que la violencia vandaliza el propósito primordial del ambiente académico. Quienes convierten el campus en un escenario de confrontación armada, uso de explosivos o encapuchados que amedrentan a estudiantes y profesores, desnaturalizan el sentido de la protesta y cometen delitos que deben ser perseguidos por la ley. Bajo esa premisa, el argumento gubernamental apela a una necesidad real: garantizar la seguridad colectiva y evitar que la figura de la autonomía sea instrumentalizada como un escudo de impunidad.
Sin embargo, el tono tajante y la amenaza explícita de “sacarlos a la fuerza” entrañan un peligro institucional severo. La autonomía universitaria no es un privilegio de extraterritorialidad ni una ocurrencia burocrática; es una garantía constitucional concebida para proteger la pluralidad y el pensamiento crítico frente a las injerencias del poder de turno. Romper la frontera física del campus mediante la fuerza pública sin agotar los canales institucionales ni contar con la solicitud explícita de las autoridades universitarias sienta un precedente de militarización riesgoso.
La historia de América Latina enseña que la intervención armada en los centros universitarios suele derivar en la estigmatización de la comunidad académica, violaciones a los derechos humanos y un escalamiento desproporcionado del conflicto. La seguridad en el país no puede construirse a costa de erosionar los espacios sagrados de la democracia y la libre expresión.
El verdadero desafío del Gobierno de De la Espriella no radica en hacer demostraciones de fuerza o discursos intempestivos, sino en articular inteligencia judicial preventiva dentro del marco legal. Enfrentar la criminalidad dentro o fuera de las aulas requiere rigor de investigación y cooperación con las rectorías, no la irrupción del ESMAD o la policía en los pasillos de la academia. Si para combatir a unos pocos violentos se vulnera la esencia misma de la universidad pública, la derrota de la institucionalidad será definitiva.
