Pero más allá de la indignación que genera, este ataque nos obliga a reflexionar con seriedad sobre el momento que vive Colombia y, sobre todo, sobre la fragilidad de nuestras instituciones democráticas.

Como exconcejal de Cali y servidor público desde lo local, sé que la democracia no se defiende solo desde los grandes discursos, sino desde la garantía de ejercer la política sin miedo y desde el fortalecimiento real de las instituciones que la protegen.

Las instituciones son las encargadas de garantizar que estos actos violentos no queden en la impunidad, porque cuando fallan, todo el sistema democrático se resquebraja.

Que un líder político reciba disparos en pleno espacio público no solo representa una amenaza personal: es un mensaje al país.

Un mensaje que busca intimidar y fracturar lo que hemos construido como sociedad, y que pone en evidencia la urgente necesidad de que el Estado, a través de sus instituciones, actúe con determinación para preservar el orden democrático y garantizar la seguridad ciudadana.

Lo más inquietante es que, según la información disponible, el presunto autor del atentado sería un joven de apenas 15 años. Este dato debe dolernos doblemente.

¿Cómo llegamos a un punto en el que nuestros adolescentes son instrumentalizados para el crimen político? Esto no solo habla de una falla en la seguridad, sino de un profundo abandono social y también de la fragilidad institucional para prevenir y atender estas problemáticas desde la raíz.

Estamos frente a una señal de alerta democrática que requiere no solo respuestas rápidas, sino reformas y acciones concretas que fortalezcan nuestras instituciones y garanticen que la política en Colombia se ejerza en un marco de respeto, justicia y seguridad.

A 36 años del asesinato de Galán, un nuevo intento de silenciar la política por la vía de la violencia nos recuerda que la historia puede repetirse si no actuamos con decisión desde todos los frentes: ciudadanía, partidos, justicia y gobierno.

El Estado debe responder con inteligencia, pero también con contundencia. No podemos permitir que la impunidad se imponga ni que el miedo se normalice.

Es momento de que todos —gobierno, justicia, ciudadanía y partidos— cerremos filas en defensa de la democracia y sus instituciones, para proteger el futuro de Colombia.

Porque cuando un país calla frente a estos hechos, termina entregando su voz a los violentos.