El miércoles 27 de noviembre, la CRC publicó en su página oficial el anuncio de esta iniciativa, cuyo objetivo sería evaluar y actualizar el marco regulatorio vigente para garantizar dichos principios en los contenidos televisivos. Sin embargo, el acceso al documento que detalla la propuesta no está habilitado, lo que ha despertado inquietudes entre sectores de la sociedad, incluyendo defensores de la libertad de prensa.
Otro punto polémico es la corta ventana de tiempo para realizar observaciones públicas. La fecha límite para recibir comentarios es el próximo 5 de diciembre, es decir, apenas una semana después de su anuncio, lo que ha sido calificado por algunos analistas como un intento de limitar el debate público sobre una medida que podría impactar la libertad de expresión.
¿Regulación o censura encubierta?
Aunque la CRC sostiene que el proyecto pretende garantizar principios democráticos como el pluralismo y la imparcialidad, críticos advierten sobre los riesgos de que la medida se convierta en una herramienta para ejercer control sobre los medios de comunicación, especialmente en un país en donde la libertad de prensa ya enfrenta múltiples desafíos.
La falta de transparencia en la publicación de los detalles del proyecto y la premura para recibir comentarios generan sospechas. Voces del sector periodístico han cuestionado si la propuesta es un intento legítimo de modernización regulatoria o una posible «mordaza» que afectaría la independencia de los medios.
Petro en contra de los medios
El presidente Petro ha sido objeto de críticas por sus frecuentes ataques a la prensa en Colombia, a la que ha acusado en diversas ocasiones de sesgos, manipulación y desinformación y, hasta, de ser instrumento del narcotráfico. A través de sus redes sociales y en discursos oficiales, Petro ha señalado a algunos medios y periodistas de responder a intereses económicos y políticos contrarios a su gobierno, lo que ha generado tensiones con el sector periodístico. Estas declaraciones han sido percibidas por varios analistas y organizaciones de libertad de prensa como intentos de desacreditar la labor de los medios, en un contexto en donde la relación entre el poder político y la independencia periodística ya enfrentan desafíos significativos. Aunque el presidente defiende su postura bajo el argumento de garantizar la «verdad informativa», las confrontaciones han encendido un debate sobre el impacto de estas críticas en la libertad de prensa y el derecho a la información en el país.