El relato de Milton César Mesa, director de Los Bacanes del Sur, roza el absurdo trágico que padece Colombia: ser secuestrado por un grupo armado y terminar “rescatado” por otro que se presenta como salvador con un “tranquilos, somos de las FARC”. Un desenlace que para las víctimas es un alivio innegable, pero que para el Cauca y el país entero representa una bofetada de realidad sobre quién manda verdaderamente en los territorios.
Este caso condensa las fracturas de la seguridad regional en tres puntos clave:
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Descontrol territorial absoluto: Que un grupo armado intercepte a plena luz del día una camioneta en la vía Popayán–El Tambo, seleccione a sus víctimas y las mantenga cautivas durante tres días demuestra que la delincuencia opera con total impunidad en los corredores del Cauca.
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El monopolio de la “justicia” en manos criminales: Que la liberación ocurra tras un enfrentamiento entre bandos y sea gestionada por disidencias junto a la comunidad local deja en evidencia la ausencia del Estado. Cuando los ciudadanos deben agradecer a una facción al margen de la ley por devolverles la vida, la institucionalidad ha fracasado en su tarea primaria.
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La degradación del conflicto: La confusión entre quién secuestra (delincuencia común, bandas locales o rivales) y quién “rescata” refleja un territorio fragmentado donde la población civil queda atrapada en el fuego cruzado de disputas ilegales.
Agradecer salir con vida es un acto humano y natural; lo inadmisible es que el “rescate” por parte de un grupo al margen de la ley se intente matizar como un gesto humanitario. La libertad no es un favor de las disidencias ni una concesión de los violentos, es un derecho fundamental que el Estado está obligado a garantizar. Mientras las investigaciones de las autoridades sigan llegando después de que las comunidades y los armados resuelvan la suerte de los secuestrados, la paz en el Cauca seguirá siendo una ilusión de papel.
