Colombia ya cuenta con una población de más 48 millones de personas, y a diario, la mayoría de esas personas debe enfrentar las barreras que imponen el lenguaje legislativo, judicial y de la administración pública, cada vez menos claro, comprensible y accesible para todos.
Pensemos por un momento en cuántas leyes se han tramitado en el país y la gente no las ha leído o entendido; en las veces que hemos radicado un derecho de petición y la respuesta obtenida es un documento difuso, complejo o inútil; o en cuántas sentencias parecen estar escritas sólo para los profesionales que las producen e interpretan y no para las personas directamente afectadas.
El delirio intelectual de algunos jueces y servidores públicos está limitando el derecho a comprender la justicia y en general, la información pública, por parte de los ciudadanos.
En países de la región como México y Chile se han dado cuenta que el uso de un lenguaje claro y accesible orientado a las necesidades de información, fortalece el entendimiento, la transparencia y la certeza jurídica. Sin embargo, en Colombia rige el principio de “para qué hacerlo difícil si se puede hacer imposible”.
Por ejemplo, las recientes reformas aprobadas por el Congreso de la República como la tributaria o la jurisdicción especial para la paz, están compuestas por un lenguaje complejamente técnico en cada uno de sus respectivos ámbitos y guardan una redacción francamente incomprensible para el grueso de la población. Éstas, como muchas otras normativas, se encuentran lejos de los términos de claridad y comprensión requeridos para que todos los colombianos, desde la Guajira hasta el Amazonas, entendamos plenamente su contenido.
Cierto es que el Estado colombiano se ha preocupado por introducir el enfoque del lenguaje claro. No obstante, lo ha hecho de manera accesoria al interior de programas y políticas de rendición de cuentas, transparencia, información pública y participación ciudadana. Como resultado de los intentos por “traducir el lenguaje administrativo a un lenguaje más cotidiano”, se elaboró una Guía de lenguaje ciudadano para la Administración Pública colombiana bajo el liderazgo de la Escuela Superior de Administración Pública y el Departamento Administrativo de la Función Pública.
Más recientemente, en julio de 2015, se publicó la “Guía de Lenguaje Claro para Servidores Públicos colombianos”, tal vez el documento más importante en materia de lenguaje claro actualmente en Colombia.
Así las cosas, uno puede decir que el país ya registra unos antecedentes valiosos, pero todavía falta mucho por hacer. Tenemos una gran asignatura pendiente y la buena noticia ahora, es que existen nuevos socios en el planeta para estudiarla.
La Organización “Clarity International”, la red mundial más grande de profesionales dedicados al lenguaje jurídico claro (Plain Legal Language) acaba de oficializar la designación de una representación en Colombia. Esto significa que nos hemos unido a la lista de 50 países que buscan promover un lenguaje sencillo en los textos legales y formales, facilitar el acceso a la información comprensible y apoyar y alentar el lenguaje claro en general.
Sociedad civil, academia y entidades públicas de todos los órdenes debemos aprovechar y sacar ventaja de esta representación, y junto a ella, articular esfuerzos y diseñar proyectos que promuevan la lectura fácil, clara, oportuna y comprensible de toda la información que emana de nuestras instituciones. Lo que está en juego no es cualquier cosa, se trata del goce y disfrute efectivo de nuestros derechos, factor fundamental de la consolidación democrática
Columna de Germán Arenas Arias, profesional en Relaciones Internacionales (Universidad Militar) y Master en Derecho Constitucional (CEPC Madrid, España)
