El debate en torno a las fotomultas en Popayán ha rebasado, por mucho, la simple discusión sobre movilidad o seguridad vial. Lo que presenciamos hoy en la capital caucana es una radiografía del atropello institucional: un sistema concebido bajo la promesa de educar al conductor, pero convertido en un engranaje de recaudo que beneficia los bolsillos de un concesionario privado, mientras la administración municipal carga con el costo político, social y legal del descontento ciudadano.
La controversia impulsada por el equipo jurídico del concejal José Luis Diago pone el dedo en la llaga: la legislación colombiana es diáfana al señalar que las sanciones de tránsito prescriben transcurridos tres años. Sin embargo, en Popayán, la aplicación del debido proceso parece opcional. Tras ratificarse fallos de tutela que ordenan a la Secretaría de Tránsito depurar de forma inmediata las bases de datos de infractores, la respuesta institucional ha sido la dilación sistemática. Resulta insostenible que una entidad territorial acuda a leguleyadas o evasivas para esquivar el cumplimiento de órdenes judiciales dictadas para proteger a los administrados.
Esta parsimonia para garantizar los derechos del ciudadano del común contrasta de manera escandalosa con la celeridad demostrada en la exoneración de allegados al poder político local, hecho ampliamente denunciado por el periodismo independiente. ¿Por qué el rigor formalista y la mora aplican únicamente para el usuario de a pie, mientras que para la influencia política las soluciones fluyen “en tiempo récord”? Esta doble vara no solo vulnera el principio de igualdad ante la ley, sino que alimenta el legítimo descontento popular y deja al descubierto la hipocresía de las narrativas oficiales sobre anticorrupción.
Quienes asumen la dignidad de un cargo público prestan un juramento sagrado de fidelidad a la Constitución y a las leyes. El alcalde de la ciudad y su secretaria de tránsito no pueden seguir actuando como espectadores pasivos o defensores tácitos, de un esquema contractual que lesiona las garantías fundamentales de los ciudadanos. La imposición de fotomultas en Popayán se ha transformado en un calvario jurídico donde el debido proceso y la notificación efectiva han quedado relegados en favor del afán recaudatorio.
La administración municipal debe asumir la iniciativa con determinación. Cumplir la ley y hacer respetar los fallos judiciales no es una concesión benévola, sino una obligación ineludible. Popayán no puede continuar enajenando su soberanía vial ni desgastando su institucionalidad para amparar el lucrativo negocio de un tercero. Es hora de restituir la seguridad jurídica a los ciudadanos y demostrar, con hechos, que el ordenamiento legal está por encima de cualquier contrato privado.
