La decisión fue de un juez de control de garantías de Riohacha que le dio medida de aseguramiento con detención domiciliaria a Robinson Antonio Román Dávila y Liliana Sofía Cabas Ochoa, contratistas del ICBF en la Guajira, por presunta corrupción en el departamento.
Los implicados tendrán que responder por los delitos de concierto para delinquir, y en el caso de Román Dávila en calidad de autor, responderá por peculado por apropiación y falsedad en documento privado en calidad de coautores.
Por un error en la escritura de su apellido después de su captura, Román Dávila había quedado en libertad a finales del año pasado, sin embargo, los implicados hicieron presencia en la fiscalía el pasado lunes.
La imputación de cargos duró una semana por una serie de suspensiones y aplazamientos solicitados por los respectivos abogados. El resultado fue la determinación de casa por cárcel, proferida por el juez de control de garantías de Riohacha.
Román Dávila era proveedor de papelería y Cabas Ochoa lo era de refrigerios, los dos contratistas habrían participado en actos de corrupción en el programa de alimentos de esta institución en La Guajira.