El veto a periodistas de cadenas y medios como CNN, MSNBC o Politico bajo la justificación de que “solo publican noticias negativas” o “distorsionan la información” representa un peligroso precedente para la salud democrática. La relación entre el poder político y la prensa ha sido históricamente tensa, pero la transformación de esa tensión institucional en un veto selectivo trasciende el desacuerdo para convertirse en un intento de control del relato público.
Un mandato presidencial no otorga la potestad de filtrar el periodismo en función de la afinidad o el tono de sus coberturas. El acceso al Despacho Oval y a los espacios de prensa de la Casa Blanca no debe entenderse como un privilegio concedido a cambio de un trato favorable, sino como un mecanismo de transparencia e interés público. Exigir que la prensa actúe únicamente como caja de resonancia de los “grandes logros” gubernamentales desvirtúa la función esencial del periodismo: fiscalizar el poder.
La respuesta colectiva de grandes cadenas estadounidenses, rechazando cubrir los actos de la Casa Blanca en solidaridad con los medios vetados, subraya un principio fundamental: la defensa de la libertad de prensa exige cohesión gremial por encima de la competencia editorial. Si un gobierno arroga la facultad de decidir qué periodistas pueden preguntar y cuáles no, el escrutinio público deja de ser un derecho ciudadano para convertirse en una concesión estatal.
