La Cámara Federal de Casación Penal de Argentina ratificó este miércoles la condena de seis años de prisión y la “inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos” impuesta a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015) por su implicación en un caso de irregularidades en contratos de obras viales.
En diciembre de 2022, el Tribunal Oral Federal 2 había sentenciado a Fernández por el delito de administración fraudulenta de fondos públicos en el marco de la causa conocida como “Vialidad”. Esta investigación abordó las irregularidades en la adjudicación de 51 obras viales a empresas vinculadas al empresario Lázaro Báez durante los gobiernos de Néstor Kirchner (2003-2007) y Cristina Fernández, en la provincia de Santa Cruz, bastión político del kirchnerismo.
La mujer fue condenada como “autora penalmente responsable del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública” y los jueces de al Casación la absolvieron, por mayoría, por el delito de asociación ilícita.
Los camaristas rechazaron los recursos, tanto de la fiscalía como de las defensas, con lo que quedarán confirmadas las mismas penas y absoluciones que impusieron los jueces Jorge Gorini, Andrés Basso y Rodrigo Giménez Uriburu, del Tribunal Oral Federal N° 2, en su sentencia del 6 de diciembre de 2022.
Sin embargo, a pesar de la condena confirmada por la Cámara de Casación, se deben agotar todas las instancias judiciales de revisión antes de que la expresidenta deba ir a prisión. Por lo que podría no ir. Así lo dispone el nuevo Código Procesal Penal Federal, parcialmente en vigencia. La pena se aplicará recién cuando la Corte Suprema de Justicia rechace el último recurso de la expresidenta, que puede demorar años.
La decisión fue leída por el presidente del tribunal, Mariano Hornos, quien también anunció que se procederá al decomiso de una cifra millonaria de dinero ilícito: 84.835.227.378,04 pesos, cuyo monto será actualizado antes de su ejecución una vez que el fallo quede firme.
La sentencia ratificada implica no solo la confirmación de la condena a prisión para Cristina Kirchner, sino que también abre la puerta a nuevas repercusiones políticas y jurídicas. Aunque la expresidenta no posee fueros que le impidan ser arrestada, su avanzada edad (superior a los 70 años) le permite solicitar el cumplimiento de su condena en su domicilio. Además, si prospera la propuesta de ley de “ficha limpia” que actualmente se debate en el Congreso, el fallo de la Cámara de Casación le impediría postularse como candidata en futuras elecciones.
La resolución también ratificó las condenas a otros imputados de relevancia, como Lázaro Báez, empresario vinculado a la construcción y exsocio de la familia Kirchner. Báez ya había sido condenado previamente por enriquecimiento ilícito y tenencia ilegal de un arma de fuego, y actualmente cumple prisión domiciliaria en la provincia de Santa Cruz. La sentencia mantiene firme su responsabilidad en el caso, en el cual se le atribuye el direccionamiento de contratos de obra pública a su empresa, Austral Construcciones.
En cuanto a los exfuncionarios, la Casación también ratificó las condenas a varios exintegrantes del gobierno kirchnerista, aunque se produjeron algunas absoluciones. Entre ellas, se destacó la de Julio De Vido, exministro de Planificación Federal, y Héctor Garro, exfuncionario de esa cartera. En tanto, Abel Fatala, quien fue secretario de Obras Públicas y segundo de José López, fue uno de los pocos imputados que asistió a los tribunales de Comodoro Py 2002 para presenciar la lectura de la sentencia, y fue absuelto.
