Siete días se extendió la audiencia concentrada por el número de detenidos y los documentos a analizar. Carlos Augusto Campos Solano fue el único en recibir medida de aseguramiento en prisión entre los seis detenidos imputados por lavado de activos. Los demás deberán permanecer con detención domiciliaria, mientras avanza el proceso en su contra. Desde el pasado jueves, los aprehendidos fueron presentados ante el Juzgado Primero Penal Municipal ambulante, con función de control de garantías, y hasta ayer en la tarde culminó la audiencia en el Palacio de Justicia de Cúcuta. Según argumentó la Dirección de la Fiscalía Nacional Especializada de Antinarcóticos y Lavado de Activos, los procesados hicieron parte, presuntamente, entre 2008 y 2010, de una organización encargada de ‘blanquear’ dinero para supuestas bandas criminales. Según expuso el ente investigador, se trataba de empresas fachadas, que llevaban una falsa contabilidad, simulaban ventas mediante datafonos y suplantaban personas para el cobro de cheques en el banco BBVA, donde guardaban el dinero. Los demás detenidos son los cajeros bancarios Carlos Andrés Vargas Mantilla y Erika Esperanza Bermúdez Soto, además de Delmer Ardila Reyes, Fabián Ardila Viveros y Martín William Castro López. Campos Solano fue el único que además del delito de enriquecimiento ilícito de particulares, que contempla una pena de entre 8 a 15 años de prisión, también figura con lavado de activos, que da entre 8 a 22. Razón por la cual, el Juzgado decidió enviarlo a prisión, tras considerar que de ser condenado se exponía a una alta pena y por seguridad debía permanecer en la cárcel de Cúcuta. La defensa Algunos de los abogados de los procesados expusieron ante el estrado que los implicados nada tienen que ver con bandas criminales y todo corresponde a las ganancias, por el diferencial cambiario, que dejaron las tarjetas venezolanas Cadivi y el conocido ‘raspado’ de las mismas. Ello -explicaron- consistía en cambiar en Colombia los dólares subsidiados a cada venezolano, que data desde el gobierno de Hugo Chávez, (3.000 dólares anuales para estudio o viajes en el exterior), pero que finalmente cambiaban por dinero en Cúcuta. De dicha operación participaba un ‘arrastrador’ (persona que buscaba a los clientes que llegaban a la ciudad) y un comerciante que prestaba el datáfono de su negocio, como una droguería o librería, para simular una venta. Ambos ganaban un porcentaje por la ‘raspada’ de la tarjeta. Luego, el dinero era retirado de las cuentas de los comerciantes colombianos mediante cheques que mandaban a cobrar con terceros. Según se conoció, el cajero Vargas Mantilla es señalado de pagar 28 millonarios cheques que registraban anomalías como la huella dactilar y la suplantación por parte de la persona que lo cobraba. Por igual señalamiento, pero en cuatro cheques, deberá responder la cajera Erika Esperanza Bermúdez. Ardila Viveros, quien fue detenido en Medellín, es señalado de cobrar dos cheques de $88 millones y $230 millones para la supuesta organización de lavado de activos. Sin embargo, su defensa ha afirmado que su cliente era solo un mensajero que cumplía órdenes y se ganaba el salario mínimo. Por ahora, la Fiscalía tiene un plazo hasta de hasta cuatro meses para presentar el escrito de acusación. Delitos imputados El lavado de dinero es una operación que consiste en hacer que los fondos o activos obtenidos a través de actividades ilícitas aparezcan como el fruto de actividades lícitas y circulen sin problema en el sistema financiero. El enriquecimiento ilícito es un concepto que hace referencia al acto de enriquecerse por medios contrarios a las normas jurídicas
