–Una condena de 9 años y 10 meses de cárcel impuso un juez de conocimiento a los oficiales de Migración Colombia Hernán Mauricio Macías y Héctor Sánchez Noval, al comprobar su implicación en una red de tráfico de migrantes y facilitar la salida de personas buscadas por autoridades nacionales e internacionales. De acuerdo con las pruebas aportadas la Fiscalía de Bogotá, los funcionarios fueron enjuiciados por los delitos de concierto para delinquir, tráfico de migrantes, cohecho propio y uso de documento público falso. La sentencia dada a conocer este martes advierte que estas personas hacían parte de una organización dedicada al tráfico de personas buscadas por autoridades nacionales e internacionales. Los condenados permitían el paso de personas que portaban documentos falsos o adulterados, ignorando requisitos y borrando antecedentes, omitiendo así los controles exigidos por la ley. La pena fue calculada con un descuento de hasta el 42%, luego de que los procesados aceptaran los cargos que el fiscal del caso les endilgó. En la providencia, el fallador ordenó el pago de una multa de 71 salarios mínimos legales mensuales vigentes (SMLMV). El juez del caso ordenó remitir a la Cárcel Nacional Modelo, al sur de Bogotá, a los condenados para purgar la pena. El proceso contra estos oficiales se inició el 31 de agsotso de 2015, cuando la Subdirección Seccional de Fiscalías de Bogotá imputó ante un juez de garantías los delitos de concierto para delinquir, tráfico de migrantes, cohecho propio y uso de documento público falso, en contra de cinco oficiales y una supervisora de Migración Colombia. Al mismo proceso fue vinculado un particular por actividades ilegales realizadas desde el 2007. Entonces, dentro de los procesados fue identificada Irene Cortés Rodríguez de 66 años de edad, a quien se le señaló como una de las líderes de la organización criminal y de facilitar la salida del país a personas buscadas por las autoridades nacionales e internacionales por delitos de narcotráfico y lavado de activos, entre otros. Los investigadores advirtieron que los funcionarios durante el mundial de fútbol y la pasada Copa América en Chile, permitieron la salida de Colombia de cientos de personas que eran buscadas por orden judicial e incluso para pagar condenas pendientes con la justicia colombiana. “Cobraban multas cuando se demoraban más días de los permitidos fuera del país y al regresar cobraban desde un millón de pesos por el incumplimiento”, relató el fiscal a cargo de la investigación. Agregó que hablaban en clave, y por ejemplo, si tenían un grupo de cinco personas, decían según las llamadas interceptadas por el CTI, que tenía “semáforo verde para cinco carros que buscan parqueadero”. Asimismo, se logró establecer que los procesados daban indicaciones a las personas que iban a viajar para que fueran vestidas de cierta manera y en la mano derecha una botella de agua para ser identificados fácilmente por el oficial de turno, quien después de recibir la supuesta documentación fingía una revisión de los datos en el computador y luego cambiaba y sellaba otros documentos antes de abordar el vuelo desde el Aeropuerto Eldorado desde donde laboraban en el puesto de control. La investigación fue originada tras la captura de dos personas en un aeropuerto de los Estados Unidos a quienes después de revisarle sus documentos se encontró que eran solicitados por las autoridades de ese país y que extrañamente portaban documentos avalados por Migración Colombia.
