Las cifras sobre el desempleo que se manejan en Colombia no son nada alentadoras. Esto se presenta desde que se nos vino encima la debacle causada por la pandemia, producto del coronavirus, que dejó en la calle a por lo menos catorce millones de compatriotas, a la espera de ser reenganchados o vinculados, de nuevo, a la fuerza laboral del país.
El dato entregado en julio sobre personas desocupadas supera el catorce por ciento y, según las proyecciones, agosto no augura mayores esperanzas de reducir esos guarismos que, fuera de ser preocupantes, contribuyen a generar más zozobra entre trabajadores y empleadores.
Desde diversos frentes se han empezado a ofertar opciones de trabajo, en altos volúmenes, pero se hace énfasis en que sólo son para jóvenes hasta los 28 años de edad, unos, y otros hasta los 35 años. Eso deja una brecha enorme en la población que pasa de esas edades.
Dentro de la fuerza laboral que quedó cesante, debido a la pandemia, existen personas que sobrepasan los cincuenta y más años y otros que estaban en la puerta para jubilarse, que no han podido recuperar su puesto de trabajo y desde el Gobierno nacional no hay una directriz que dé luces para enfrentar y resolver este problema.
Una vez que se dio la oportunidad de la reactivación económica, se empezaron a generar propuestas de empleo en las cuales no se necesita experiencia alguna, otras que equilibran el género y destinan los cupos en igualdad para mujeres y hombres, incluso, se han publicado opciones para ir a laborar al extranjero, con muchas facilidades.
Todas las propuestas e intenciones para reactivar el empleo en Colombia son bienvenidas, pero las oportunidades de trabajo deben guardar equilibrio con las necesidades de los contratantes y no se puede desechar la experiencia de quienes ocuparon puestos y cargos de alta responsabilidad hasta antes de la pandemia.
Si observamos con detenimiento las ofertas de trabajo presentadas, hasta la fecha, por entidades públicas y privadas, en todos los sectores de la dinámica económica del país, notamos que la población mayor de edad no está incluida en estas oportunidades y tampoco se atisba la posibilidad para reintegrarlos a los puestos que desempeñaban antes de la catástrofe económica y empresarial desatada por el coronavirus.
Con los acelerados cambios que se presentaron en el comercio general cuyo movimiento, en su mayoría, estaba apegado a las formas tradicionales de hacer negocios, y en donde la presencialidad era el caldo de alimento para las ventas y compras, tuvieron que migrar a los digital y con esa tecnología, también quedaron suspendidos muchos puestos de trabajo, unos porque ya no necesitan del trabajador y otros porque la persona no estaba familiarizada con la tecnología.
Ese golpe a la empleabilidad se ha visto marcado en las grandes ciudades colombianas en donde la informalidad ha crecido de forma desmesurada, supera todas las expectativas y pone en jaque a las entidades a las cuales se destinan los llamados impuestos parafiscales y que ya no reciben el dinero que llega desde la economía formal.
Pero lo que aterra de esto es que esas personas que entraron a sobrevivir, con angustia y sin mañana, en el trabajo informal, son gente de la tercera edad que no recibió el reintegro a su ocupación de antes de pandemia, que quedaron en la banqueta porque las empresas se vieron obligadas a cerrar y desde el Estado, con sus nuevas políticas de promover empleabilidad, les decretaron muerte laboral sin misericordia y sin valorar la experiencia, la sabiduría y el apoyo que les puedan brindar a las generaciones que están en las nuevas ofertas de trabajo.
