Una interesante crónica del diario ‘VANGUARDIA’ trae a colación las cifras de los altos costos de las actuales campañas electorales que, de ser ciertas, serían el origen de la corrupción política tan impresionante que padece Colombia.
Afirma el matutino bumangués que una campaña para el Senado de la República habría costado en algunos departamentos más de siete mil millones de pesos, lo que despierta suspicacias de una opinión pública, intranquila y desconsolada por la forma en que se degradaron las organizaciones electorales con la aplicación de la figura del ‘VOTO PREFERENTE’.
Son tan costosas las campañas electorales en Colombia que organizaciones económicas y mafias de contratistas se organizan en gavillas sospechosas para financiar las elecciones de congresistas, gobernadores y alcaldes, a cambio de amarrar la contratación oficial.
Los proveedores de bienes y servicios al sector público acaparan la contratación oficial con el tráfico de influencias de sus elegidos, condicionándolos a gestionar e intervenir en la contratación oficial, donde terminan finalmente enredados, como le está ocurriendo a cuatro parlamentarios de la Costa Norte de Colombia o implementos deportivos que quedo archivado esa investigación , enredados en el escándalo de la Unión Temporal Centros Poblados que se robó setenta mil millones de pesos, en las narices de la saliente exministra de comunicaciones.
Ya hemos visto desfilar por los municipios del Cauca a los compradores de votos para el Senado de la República sin dejar de observar a aquellos nuevos que aspiran a la cámara , ofreciendo sumas tentadoras para ciertos personajes encargados de vender los avales que otorgan a los candidatos a la Cámara de Representantes.
Esta nota editorial debe ser una denuncia que sirva de cabeza de proceso en la Fiscalía General de la Nación sobre otra clase de ‘delitos electorales’ que significan para el departamento de Cauca la vergüenza de tener que vender los votos para candidatos al senado, porque los aspirantes regionales no pueden exponerse al riesgo de ‘invertir’ grandes capitales para comprar una curul en el ‘Palacio de las Leyes’.
Lo vimos y padecimos en las pasadas elecciones parlamentarias donde fue evidente la ‘piratería’ política que es una nueva enfermedad de la democracia colombiana.
Como es posible que el Partido Afrodescendiente, que obtuvo en las pasadas elecciones regionales, cientos de votos y no exista disciplina entre los aspirantes a la Cámara de Representantes para apoyar a gente de la región, porque los costos de las campañas electorales son incalculables en medio de la institución del ‘Voto Preferente’, donde las mafias de contratistas compran las curules.
Esta mala herencia de la Constitución Política de 1991, que abrió puertas y ventanas a la creación de nuevos partidos y de muchas organizaciones de garaje, tiene prostituida la actividad política no solamente en el Cauca sino en todo el país.
