El caso de la ranchería de Houluy demuestra que los males de este departamento van más allá de la hambruna y la sequía. Los indígenas sobrevivientes del exterminio paramilitar, aún piden volver a sus territorios.
El contrabando de combustible es una actividad ilegal que beneficia a cientos de familias de La Guajira.
En La Guajira hay más de 30 mil menores de 5 años en estado de desnutrición y, de ellos, el 90 por ciento son indígenas. La falta de alimentos y la sequía que desde hace más de tres años golpea al departamento, son dos tragedias que azotan a la región, pero no las únicas. Las víctimas del conflicto, como las de la comunidad wayúu, llevan su propia tragedia a cuestas de masacres, despojo y desplazamiento.
Carmen* vive hace 12 años en Miraflores, un barrio cerca del casco urbano de Maicao. La casa de bahareque en la que reside con su mamá, una hermana y dos sobrinos, está al lado de un arroyo por donde parece que nunca ha corrido agua. Solo basura. Allí, mientras teje una mochila, recuerda cómo las Autodefensas (AUC), a través de su Frente Contrainsurgencia Wayúu, incursionaron en la ranchería de Houluy (que está al margen derecho de la vía que de Maicao conduce al corregimiento de Carraipía), en donde vivía con el resto de familias que forman parte de los clanes Ipuana y Uriana. “Al principio fue un conflicto entre clanes, pero en 1995, cuando hubo participación de arijunas (así llaman los wayúu a los que no pertenecen a su etnia) dejó de ser una guerra entre indígenas. Los paramilitares llegaban tres veces por semana y no se fueron hasta que nos desplazaron y casi nos exterminan”, dice.
Más de 120 mil personas se desplazaron a Venezuela y a otras partes del país después de que las AUC llegaron a La Guajira, según la Unidad de Víctimas. “Esta región no ha sido priorizada porque no hay garantías de seguridad, pero aquí hay 4.900 solicitudes de familias que desean volver a su territorio”, cuenta el director de la Unidad de Restitución en la zona, Luis Alfonso Ruiz Alegría.
“En 2008 solicitamos a la Fiscalía que investigara qué había pasado en la ranchería pero todavía no sabemos nada. Hemos acudido a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que nos ayude a recuperar Houluy, pero la Unidad de Restitución de Tierras dice que es un conflicto entre clanes, y que en eso el Gobierno no interviene. Creemos que es solo una excusa para no restituir a las más de 200 personas que se desplazaron”, asegura una de las autoridades del clan Uriana.
Ruíz, sin embargo, dice que se está trabajando para empezar a caracterizarlos: “La dirección de Asuntos Étnicos de la Unidad dice que hay un conflicto ‘interclanil’, pero no es el único problema de Houluy. La restitución, sin duda, dependerá de ambos clanes, que realizan una serie de rituales que postergarían el proceso”. Los indígenas solo han ganado una tutela que falló a su favor en 2009, en la que se ordena que se les restituyan sus derechos. Pero aún siguen en el destierro.
Hay 4.900 solicitudes de familias que desean volver a su territorio
La mayoría de las familias que vive en Miraflores son desplazadas por la violencia. Carmen, que usa una bata wayúu color verde, es una líder indígena de los Uriana que se ha encargado de elaborar la memoria histórica de la ranchería. “Una parte de los indígenas financió a esta facción del Bloque Norte de las Autodefensas, que intentó acabar con los hombres de nuestra comunidad, y que hasta el año 2001 mató a 14 miembros de los dos clanes”, dice. Las AUC, para ampliar su poderío en el departamento, se aliaron con jefes locales de las rutas de contrabando. De hecho, los paramilitares -luego de conquistar Maicao- avanzaron a la Alta Guajira hasta llegar a Bahía Portete, lugar trágicamente emblemático por la masacre en abril de 2004 conocida con el nombre de este puerto natural.
“No sabemos si nos desplazaron para quedarse con las tres lagunas que había cerca de Houluy. Pero mamá perdió casa, chivos, conejos, caballos, burros y puercos; y los cultivos de maíz, yuca y frijol que había sembrado. Allí todavía está el cementerio ancestral, en donde se encuentra la historia de los clanes Ipuana y Uriana”, dice Carmen, quien ha sido amenazada en varias ocasiones por denunciar que ella y su familia fueron víctimas de las AUC.
Las Autodefensas operaron en La Guajira a partir de los noventas, pero fue a finales de esa década cuando ingresaron con mayor vehemencia. Las AUC se aliaron con los contrabandistas, y en marzo de 2002 se creó el Frente Contrainsurgencia Wayúu que se dividió en cinco grupos: Las Águilas, Los Buitres, Los Escorpiones, Los Centauros y Los Halcones. Los paramilitares, por aquel entonces, cometieron homicidios selectivos y, hasta marzo de 2006 cuando se desmovilizó parte del grupo armado ilegal, desaparecieron y desplazaron a miles de campesinos e indígenas.
Carmen, que está ahora sentada debajo de un árbol casi deshojado, se hace un moño como para huir del calor que, al mediodía, se siente con más fuerza; y cuenta que cerca de Houluy también hay una fosa común que la Fiscalía aún no ha exhumado, en donde habría más víctimas. Ella y el resto de familias de los clanes Ipuana y Uriana solo esperan volver a Houluy, en donde está la historia de su comunidad.
Las familias que salieron de Houluy se trasladaron a Maicao, en donde han intentado mantener sus costumbres.
No es solo un problema de “paras”
Un investigador consultado por VerdadAbierta.com, que pidió la reserva de su nombre, afirma que La Guajira es un departamento ‘geoestratégico’ en donde grupos armados ilegales se disputan las rutas de narcotráfico, ganado, combustible y armas. Las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (también conocidas como Urabeños o Clan Úsuga), Los Giraldo (exmiembros del frente que comandó Hernán Giraldo, alias El Patrón), Los Rastrojos Costeños y Los Mexicanos, que al parecer tienen una estrecha relación con el Cártel de Sinaloa, se enfrentan por el control de la Troncal del Caribe, entre el corregimiento de Guachaca, en Santa Marta, hasta Punta de Los Remedios, en Dibulla, en donde sacan la droga que va a Centroamérica y Europa.
En la Serranía del Perijá opera el Frente 59 de las Farc, que se encarga del tráfico de armas, gasolina y ganado, y en la Alta Guajira “el negocio es diferente”, hay puertos naturales y no hay presencia del Estado.
Sin embargo, el comandante de la Policía en La Guajira, el coronel Alejandro Calderón Celis, dice que no es cierto que haya una facción de los mexicanos en la Troncal del Caribe y que tampoco están sacando cargamentos de droga en Punta de Los Remedios.
Foto: Jesús Fragozo
tomado // verdadabierta
