La mafia de funcionarios prevaricadores que infiltró a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia de Colombia, a través del ‘Fiscal Anticorrupción’ Gustavo Moreno, preso en los Estados Unidos por operaciones clandestinas de lavado de activos, le ha hecho el mayor daño a las instituciones colombianas y a la administración de justicia, que era en el pasado una justicia diáfana y transparente, como el agua cristalina que baja de nuestras montañas.
La magistratura imponía respeto y majestad, por la calidad de los servidores públicos seleccionados por ‘los doctores de la ley’ por el sistema de cooptación, esto es, por veteranos juristas que habiendo superado la edad del medio siglo, llegaban a la Corte Suprema de Justicia, como el máximo trofeo que podían conquistar en su vida, que podía recibir un colombiano ilustre, fraguado y fogueado en las disciplinas del derecho.
Ser magistrado de las altas cortes era el mayor honor para un jurista que hubiera desempeñado con dignidad el cargo de juez de la república. A los magistrados se les miraba y saludaba con reverencia por el nivel de sus conocimientos, de su experiencia y de su sabiduría.
En el departamento del Cauca hubo magistrados de las altas cortes, muy respetables, ilustres jurisconsultos que opinaban a través de sus providenciales judiciales.
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El dolor de patria que producen los comportamientos del llamado ‘Cartel de la Toga’, ese trío de delincuentes vinculados a la magistratura, que cobraba sumas de dinero a funcionarios y ex congresistas igualmente corrompidos y vinculados a los escándalos de la multinacional contratista brasilera Odebrecht; que habían planeado la estrategia jurídica para vender las providencias por medio de las cuales se condenaba al estado colombiano a pagar millonarias indemnizaciones; que se habían enriquecido, como el señor Pretelt, con los actos de corrupción más vergonzosos que haya conocido el país; confabulados con los responsables del saqueo a las finanzas de Ecopetrol a través de las obras de modernización de la Refinería de Cartagena y que se habían confabulado con los responsables del saqueo de capitales de la firma Interbolsa, cuyos ejecutivos se convirtieron en un atajo de delincuentes para robarse los dineros de los cuenta-habientes, son fenómenos de corrupción que solamente pueden ocurrir en Colombia, donde la justicia se ha convertido en un ‘barril de puercos’.
Fuerte el llamado del presidente de la república, Iván Duque Márquez, al Consejo Superior de la Judicatura, para que investigue a funcionarios venales de la rama judicial, a unos pocos magistrados y jueces que han faltado a su comportamiento ético, en el momento en que el principal eslabón de la cadena de corrupción, creada desde la Sala Penal de la Corte Suprema, impone la obligación del ejecutivo para proponer una reforma estructural, que le devuelva majestad a la administración de justicia.
Cuantos jueces y magistrados, verdaderamente dignos, deben sentir vergüenza por el llamado ‘Cartel de la Toga’ que, como un protozoario, que todo lo toca y todo lo corrompe, vino a ensuciar una rama del poder público, acaso la más importante y digna, para proteger la esencia de la democracia, que se enmarca en el respeto por la constitución y por las leyes de la república.
Un instante para recordar aquella expresión del General Francisco de Paula Santander, el ‘Hombre de las Leyes’, inscrita en letra de oro sobre las paredes del Capitolio Nacional de Colombia: ‘Si las armas te dieron la libertad, las leyes te darán la independencia’, la pregunta es cuándo sabremos la verdad de aquellos candidatos que se le están tapando la inhabilidades para que los Caucanos no tengan la desgracia de hacer una mala elección.
