La Ministra de Justicia Margarita Leonor Cabello Blanco debería proponer fórmulas alternativas para descongestionar las cárceles del país, una de ellas estableciendo un sistema de trabajo extramural para los condenados que puedan trabajar en las obras públicas del gobierno, como era hace poco menos de un siglo, cuando el mantenimiento de carreteras se hacía a pico y pala con los presos de las cárceles municipales.
¿Qué hace el país con ciento treinta mil reclusos que reciben alimentación y alojamiento gratuitos en los centros penitenciarios, cuando el trabajo honrado es la única forma de reivindicación frente a una sociedad? ¿Qué hace el gobierno de Colombia con la multitud de sindicatos de guardianes, cuyos directivos gozan de permanentes permisos sindicales? ¿Para qué sirve el Instituto Nacional Penitenciario, si no cuenta con los talleres de resocialización que puedan garantizar el funcionamiento de fábricas que generen ingresos para el sostenimiento de los reclusos?
¿Qué hacen los jueces de penas prolongando el cautiverio de personas honorables que tuvieron que afrontar un incidente callejero, una riña o un conflicto inesperado, por cuyo comportamiento les aplicaron penas entre seis y diez años de prisión, algo realmente absurdo en un país donde la desesperación por causa del desempleo y del temperamento agresivo de nuestros conciudadanos, se ha convertido en un problema crónico de nuestra comunidad? Podríamos enumerar casos, como la condena que tuvo que pagar el ex alcalde de Barrancabermeja, Julio César Ardila, condenado a veintisiete (27) años de prisión por un crimen que no cometió, por la muerte del periodista Emeterio Rivas, que era aliado de los grupos armados ilegales y que ejercía permanente chantaje sobre su administración.
¿Qué hace en la cárcel un padre de familia condenado a seis años de prisión porque no pudo pagar la cuota alimentaria que le reclamaba su amante o su consorte, para el sostenimiento de un hijo ocasional, porque así lo dispone el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar? Conmutar penas de prisión por trabajo real y físico en las obras públicas de los municipios y departamentos puede ser una solución, si se logra liquidar el Instituto Nacional Penitenciario –INPEC –, una entidad en crisis, por las absurdas normas laborales que les han permitido la formación de sindicatos en cada una de las cárceles del país.
Recordemos que hace medio siglo estaba prohibido el derecho de huelga a los empleados públicos, a los funcionarios de la rama judicial, a los maestros y profesores, a los empleados oficiales en general, por tratarse de ‘servicios públicos esenciales’. El nivel de anarquía de las instituciones oficiales ha tocado fondo. Ni siquiera el presidente de la república tiene facultades para cambiar de un momento a otro a los funcionarios de bajo rendimiento. Estamos hartos de una burocracia que devora las finanzas del estado, que vive a expensas de los elevados impuestos que pagamos los contribuyentes y especialmente los empresarios, convertidos en esclavos de un régimen tributario que ha conducido a la quiebra de numerosos inversionistas. El Impuesto al Valor Agregado (IVA) en la tarifa del diecinueve por ciento (19%) se convirtió en la silla eléctrica donde se derrumban los sueños de los empresarios.
Pongan a los presos a trabajar, a producir para su auto-sostenimiento y liberen a los contribuyentes de tener que pagar tan elevados impuestos para el sostenimiento de las cárceles, que en las condiciones actuales son una terrible carga económica para el estado colombiano, por la excesiva burocracia y por la influencia de organizaciones sindicales, piedra angular de la indisciplina y el desorden que existe en el sistema penitenciario.
