Impunidad e incumplimiento, en esas dos palabras resumo el resultado de lo pactado en el acuerdo que Juan Manuel Santos firmó con las Farc, el primero de diciembre de 2016. Han pasado tres años, y a la fecha, ni una de las más de dos millones de víctimas de las FARC ha sido reparada con dineros de ese grupo. Y eso que el centro del acuerdo se suponía era resarcir a las víctimas, aquellas que vivieron en carne propia los deleznables actos de terror, muchos incluso catalogados como crímenes de lesa humanidad, como el secuestro, reclutamiento de menores, vejámenes sexuales, actos terroristas, entre otros.
El primer conejo está en los bienes. En ese punto, las Farc ofreció entregar bienes por $964 mil millones, de los cuales $542 mil millones correspondían a tierras, oro y semovientes, que permiten su monetización. Sin embargo, la Fiscalía General de la Nación, por su lado, registra 1.837 bienes de la Farc sujetos a extinción de dominio por valor de $2.5 billones. Claramente, no sólo lo reportado por las Farc es muy inferior a lo identificado por la Fiscalía, sino que, además, el 73% de los bienes que ellos informaron no han podido ser ubicados porque las coordenadas no coinciden o no existen; por lo tanto, tampoco han sido monetizados para reparar a las víctimas. Otra falacia plasmada en el papel.
Otro de los puntos que a simple vista también se pasaron por la faja fue el de la entrega de armas. Tampoco fueron entregadas en su totalidad, sólo se recibieron 8.994 armas. Pero el gobierno Santos habló de 14 mil armas, incluidos 11 mil fusiles, pero sólo entregaron 6.177 fusiles, 1.817 pistolas, 12 lanzacohetes, 6 escopetas, 268 morteros y 274 ametralladoras, entre otras. El resto de las armas que no entregaron es muy posible que las hoy mal llamadas disidencias de las Farc las estén usando para sus actividades delictivas, como muchos de los bienes que no se entregaron.
Duele mucho que no hayan entregado la totalidad de los menores reclutados. Para agosto de 2016, la Fiscalía reportó 6.800 menores reclutados, pero tristemente hasta la fecha sólo 144 entregados. Qué curioso que hoy, desde una curul en el Congreso, se rasguen las vestiduras por los niños que son secuestrados, violados o asesinados; pero se les olvida que algunos de ellos propiciaron delitos atroces como el reclutamiento forzado, las violaciones y los abortos de los menores que tenían en sus filas empuñando armas, y que ninguno ha respondido por esos delitos.
Pasemos a otro capítulo de incumplimientos. De los 15.007 excombatientes reportados en 2016 por las Farc para beneficiarse del proceso de desmovilización, solo 12.767 se reincorporaron a la vida civil; los más de 2.300 restantes continúan en armas y en la ilegalidad con negocios como el narcotráfico y la minería ilegal, y el reclutamiento de menores. En ese grupo están los jefes guerrilleros Iván Márquez, Jesús Santrich y El Paisa; quienes fungieron como negociadores de las Farc en el acuerdo de la Habana, al que el 50.2% de los colombianos le dijimos No en el plebiscito, que luego el presidente Santos desconoció.
Hablemos de la seguridad de excombatientes. En repetidas ocasiones el Gobierno Nacional ha sido increpado por la supuesta falta de garantías para los excombatientes, líderes y congresistas de las Farc; acusaciones infundadas si se tiene en cuenta que los 248 esquemas conformados por 1.186 escoltas de la Unidad Nacional de Protección, de los cuales 823 son excombatientes y personas de confianza de las Farc, le cuestan anualmente al Estado colombiano más de $129 mil millones, de los cuales más de $27 mil millones son asignados a viáticos y $7.500 millones a combustible, algo irrisorio.
Tristemente el acuerdo no incluyó un mecanismo que exija a las Farc cumplir con lo pactado. Los compromisos con sus indicadores quedaron para el gobierno, ni uno sólo para las Farc. Es tiempo de que los llamados “garantes” del proceso se pronuncien sobre el tema, y que la comunidad internacional le exija a las Farc no sólo cumplir entregando a los menores reclutados, ayudando a ubicar los bienes para monetizar y resarcir a las víctimas, apoyar en la ubicación de las caletas que faltan y las minas antipersonas, que sólo 7 han ubicado, sino que colaboren para desmantelar las disidencias y el negocio del narcotráfico y la minería ilegal.
Parece que aquellos que participaron en el acuerdo olvidaron que la prueba de fuego era su implementación y cumplimiento, pero cumplimiento de ambas partes, no de una sola como sucede en este caso.
En paralelo a este escenario de burla por las Farc, está el de un gobierno que, si bien no apoyó el acuerdo, si ha cumplido generosamente con lo allí establecido. Por ejemplo, 98% de los excombatientes han recibido una renta básica mensual de 90% de un salario mínimo y están afiliados a salud y 82% a pensión; en el fondo de tierras ha incorporado 774.153 hectáreas y adjudicado 90.097 hectáreas a 8.561 familias campesinas; 16 PDETs listos para beneficiar a 170 municipios con una inversión de $3,4 billones; y 2 emisoras entregadas y 3 en proceso, entre otros avances.
Se estima que el acuerdo nos va a costar $129 billones en 15 años, y lo peor es que a este paso, las Farc no están ni cerca de aportar un solo peso. Las Farc ya están en el Congreso ocupando curul y con beneficios del Estado, pero sin haber reparado a una sola víctima. No hay duda, aquí lo que hay es un conejazo.
María de
l Rosario Guerra
@CharoGuerra
