Si la guerrilla se va a desmovilizar habrá otras amenazas, otros tipos de conflictos como el conflicto territorial y como la mutación de la guerra hacia otras formas de crimen.(1)
General (R) Manuel José Bonnet
Septiembre de 2015
Frente a un posible escenario de posacuerdo las Fuerzas Militares en Colombia están ajustando su aparato de inteligencia y de fuerza militar para continuar como un actor clave en la transformación territorial y poblacional en el país.
Asumiendo tareas de control social y militar por un lado y de gobernantes locales y regionales por otro, las propuestas de transformación existentes dejarán a la Fuerza Pública como poderes facticos en muchos de los territorios que hasta ahora han estado en poder de las insurgencias. El papel central de la inteligencia militar en la nueva doctrina militar, en combinación con un resurgimiento de estructuras paramilitares en muchas regiones del país y denuncias de una relación entre ambas, recuerda a otros momentos de la historia nacional, en dónde la combinación de las dos terminó en el exterminio de sectores sociales enteros.
Militarización para una reconfiguración territorial
Colombia ha estado inmersa en un conflicto político, social y armado desde hace más de cincuenta años. Las raíces de los conflictos socio-económicos y políticos que se expresan en la confrontación armada entre una insurgencia popular y una elite económica y política no terminan con la firma de un acuerdo de paz.
Al iniciar los diálogos de paz entre el Gobierno colombiano y las Farc la delegación gubernamental dejó claro, en varias ocasiones, que el modelo económico y la doctrina militar no son temas abiertos al debate. El jefe negociador del Gobierno, Humberto de la Calle, declaró en octubre de 2012 que “ni el modelo económico, ni la doctrina militar, ni la inversión extranjera están en discusión” (2). Otros delegados de este equipo negociador y el mismo presidente Santos reafirmaron tales postulados en varias ocasiones. El presidente Santos dijo el 12 de julio de 2015, ante las críticas de algunos sectores que En La Habana no se discute nuestro sistema democrático, ni nuestro modelo económico, ni la propiedad privada, ni el tamaño ni el futuro de nuestras Fuerzas Armadas. El 30 de marzo de 2016 el presidente Santos al iniciar la fase pública de los diálogos de paz con el Eln reafirmó que “la agenda para acabar la guerra no incluye la negociación de nuestro sistema económico, de nuestro sistema político, del régimen de propiedad privada, ni mucho menos temas relacionados con la doctrina militar o nuestra fuerza pública”.
En el contexto de los diferentes procesos de paz acometidos en Colombia, la protección de los intereses económicos realza como una de las principales funciones de las Fuerzas Armadas y estructuras paramilitares. Intereses económicos de capital nacional e internacional, que se encuentran en el sector minero-energético y la agroindustria, como principales economías, todos de carácter extractiva y de enclave. Economías también todas, que necesitan y parten de un control territorial. Reflejo de esto son los Batallones Minero-Energéticos, que en 2014 estaban conformados por un estimado de 80.000 efectivos representando casi un 30 por ciento de las Fuerzas Armadas (3). Para proteger e imponer la locomotora minera en los territorios el Ministerio de Defensa suscribió 103 contratos entre enero de 2010 y octubre de 2013, por un monto superior a los 45 mil millones de pesos para que el Ejército le brinde protección especial a las empresas mineras más grandes que explotan los recursos del país. (4)
La estrategia paramilitar como extensión de intereses políticos regionales y nacionales se constituyó durante los últimos cuarenta años en palabras del Centro de la Memoria Histórica y Reconciliación Nacional en un proyecto de refundación nacional para “imponer un nuevo orden social, cultural, político y económico mediante la acumulación de tierra y de recursos naturales” (5). De esta manera la doctrina militar con su componente paramilitar han sido y siguen siendo una continuidad de la política extractiva por otros medios.
De los paramilitares a la acción cívico-militar: desdibujando el DIH
Las experiencias de conflictos como Vietnam, Afganistán e Irak, entre otros, enseñaron al mundo que la victoria militar debe estar fuertemente acompañada del apoyo y respaldo de la población. Es entonces cuando se presenta la necesidad de conquistar el corazón y las mentes de aquellos pobladores que vienen de recibir la arremetida de un grupo armado en sus territorios y que además deberán someterse a la nueva dinámica del posconflicto.
Brigadier General Alberto
Sepúlveda Riaño (6)
La acción cívico –militar y los Centros de Consolidación y de Acción Integral (Ccai) se constituyeron como principal estrategia militar y contra-insurgente durante los últimos diez años. La estrategia paramilitar es reemplazada parcialmente por la acción cívico-militar, pero en ambos se desdibuja la división consagrada por el Derecho Internacional Humanitaria (DIH) entre población civil y combatientes. Las regiones priorizadas por la Acción Integral son las de interés minero-energéticas y agroindustriales y han tenido una histórica presencia de organizaciones insurgentes y fuertes movimientos sociales. La estrategia tiene como objetivo principal mantener la confianza inversionista y avanzar en la política social efectiva y cuenta con un importante apoyo de los Estados Unidos, tanto para su componente militar como para su el apoyo productivo.
Este interés de los Estados Unidos en apoyar a la política de Acción Integral según el General Peter Pace, antiguo comandante del Comando Sur (Southcom), parte de querer tener “acceso sin obstáculos y de forma continuada a los recursos naturales en los áreas que caen bajo la responsabilidad del Comando Sur”, y una “estabilidad continua para el acceso a los mercados en las áreas que caen bajo la responsabilidad del Comando Sur y que son críticos para la continua expansión económica de Estados Unidos y su prosperidad.” (7)
Según la misma cúpula del ejercito colombiano, la lógica cívico-militar sería una de las principales estrategias durante el contexto de posacuerdo. Las relaciones civiles-militares y los asuntos civiles se convierten en el núcleo de la estrategia militar […] concentrando el esfuerzo hacía la implementación de acciones no-armadas. (8)
Guerra de espectro total y Plan Minerva
Las perspectivas de dominación geopolítica a nivel global, han forjado a través del tiempo una política hegemónica que abarca todos los aspectos de la vida humana sobre la tierra definida por la doctrina militar, llamada dominación de espectro completo.
US Army – Joint Chiefs of Staff, 2000
Desde la lógica militar del Ejercito de Estados Unidos el control y la transformación territorial y poblacional parten de una combinación de múltiples estrategias, también llamado la dominación del espectro total. Esta dominación busca llevar el escenario de la confrontación a todos los posibles ámbitos, incluyendo el académico, económico, político, militar y civil. En los Estados Unidos el Departamento de Defensa lanzó el proyecto Minerva en 2008 vinculando a la academia en la construcción de información sobre las fuerzas sociales, económicas, políticas y culturales en los territorios de interés estratégico para los Estados Unidos (9). En Chile la Policía de Investigaciones lanzó el Plan Minerva I en 2004 y el Plan Minerva II en 2010, ambos con un rol importante para los procesos de inteligencia.
La Fuerza Pública en Colombia en su nueva doctrina militar para el contexto de posacuerdo de paz, incorpora varios elementos de la lógica de dominación del espectro total. El también llamado Plan Minerva, construido con insumos de las Fuerzas Armadas chilenas y de Estados Unidos, se constituye como la principal propuesta para la nueva doctrina militar, lanzada en junio de 2015 como “la hoja de ruta de la modernización” y “el cambio estructural más importante en el último siglo” del Ejército colombiano.
El Plan Minerva proyecta la Fuerza Pública como “La Fuerza multimisión y polivalente del futuro, sobre la base del conocimiento y la enseñanza de la ciencia militar, dentro de una clara visión hacia el año 2030, bajo la existencia de una doctrina interoperable, y una real cohesión de la Fuerza, que garantizará su eficacia”. Entre los 46 componentes que tiene el Plan Minerva hay siete priorizados de los cuales se destacan el Plan Damasco que propone la construcción de un proyecto de ley de Seguridad y Defensa Nacional. Otro componente priorizado del Plan Minerva es el Plan Dionisio, que permitiría la creación de un centro de estudios e investigaciones militares socio-humanísticas. Este último componente refleja la lógica del Proyecto Minerva de los Estados Unidos e iniciativas parecidas que ha desarrollado la potencia del norte durante los últimos años a través de iniciativas como Darpa (Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada para la Defensa) para las guerras en Afganistán y Medio Oriente.
Uno de los aspectos del trabajo de Darpa es la investigación de la diversidad lingüística y cultural, donde se busca la incorporación de estos conocimientos dentro de un sistema computarizado, capaz de interactuar, asimilar o reproducir estructuras de pensamiento para aplicación militar y geoestratégica (Darpa, 2003). El conocimiento total que se quiere adquirir en los territorios de operación militar combina el trabajo de inteligencia de la Fuerza Pública con un ejercicio socio-cultural, económico, antropológica, matemático, biológico y político para poder entender y anticipar el comportamiento de individuos y grupos.
Varias de las acciones de Darpa han sido fuertemente criticadas por organizaciones de derechos humanos en Estados Unidos y el mismo Congreso. Sin embargo, en Colombia no ha habido ninguna discusión política sobre los alcances del Plan Minerva, ni la construcción de una nueva doctrina militar. Hay que recordar que en Colombia durante los últimos cincuenta años la inteligencia militar ha operado en varios momentos de forma conjunta con el paramilitarismo, como fue el caso del Batallón de Inteligencia y Contrainteligencia (Binci), la Brigada XX o el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS). Las denuncias sobre el intercambio de información y complicidad entre la inteligencia militar con la estructura paramilitar Águilas Negras sería otro capítulo más de esta misma historia de guerra sucia.
Esta realidad plantea que el fortalecimiento de la capacidad de inteligencia de la Fuerza Pública tendría que ir de la mano con una desclasificación de archivos y depuración de la misma Fuerza Pública. También debe garantizarse un marco jurídico que permite investigar desde la Justicia Ordinaria a integrantes de la Fuerza Pública involucrados en violaciones a los derechos humanos. La reforma de la doctrina militar en combinación con el marco jurídico de la paz y la reforma a la justicia militar hacen justamente lo contrario, dan más facultades a la Fuerza Pública para violar los derechos humanos en un contexto que garantiza más impunidad.
