Luego de un riguroso análisis la Asociación Colombiana de Minería – ACM determinó que el proyecto de Decreto del Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible «Por el cual se establecen criterios para declarar y delimitar reservas de recursos naturales de carácter temporal en el marco del ordenamiento minero-ambiental y se dictan otras disposiciones”, configura una amenaza a la estabilidad y el futuro del sector minero en Colombia.
Según lo informó Juan Camilo Nariño, se trata de una norma que puede ser usada de manera arbitraria y subjetiva para suspender actividades económicas de forma indiscriminada, ya que permite la creación de áreas de protección ambiental sin contar con estudios, ni criterios técnicos y sólo amparándose en un principio de precaución que hoy según la jurisprudencia no debe entenderse de esa manera.
“El proyecto desconoce la autonomía de las autoridades territoriales, y con esto, los principios de coordinación, concurrencia, subsidiariedad y anula por completo la autonomía y competencias de las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR)”, indicó el líder gremial.
Además aseguraron que la propuesta transgrede el artículo 34 del Código de Minas que dispone que para que puedan excluirse o restringirse trabajos y obras de exploración y explotación mineras en las zonas de protección y desarrollo de los recursos naturales renovables, el acto que las declare deberá estar expresamente motivado en estudios técnicos, sociales y ambientales disponibles. Adicionalmente, desborda las órdenes dictadas por el Consejo de Estado en la sentencia sobre titulación minera del 2022, y crea criterios para delimitación que no están en la ley”, indicó Juan Camilo Nariño Presidente de la Asociación Colombiana de Minería
En este sentido el decreto elimina e ignora los análisis y el rigor técnico, lo que va en contravía de objetividad que debe primar en las decisiones administrativas y además de ir en contravía de la descentralización administrativa.
“Es el peor escenario para los proyectos mineros de exploración e incluso para los que se encuentran en producción e igualmente un pésimo mensaje para la inversión extranjera”, agregó Nariño.
Es importante tener en cuenta que, esta figura de decreto está enfocada en la minería, pero se puede replicar con facilidad en otros sectores regulados, ya que los criterios que se establecen para su expedición son genéricos. Se puede convertir en una «carta blanca» para impedir el desarrollo sostenible del país.
Desde el sector minero reiteramos nuestra disposición al gobierno nacional para analizar en conjunto este tipo de decisiones y propiciar escenarios de participación, a partir de información técnica oficial, con el objetivo de que logremos avanzar en la ruta de la transición energética, teniendo como prioridad los más de 50 millones de colombianos que de manera directa o indirecta tienen de mejor calidad de vida con los minerales que se extraen en el país de una manera sostenible.
