La Contraloría hizo un llamado de atención para que el ICBF adelante los estudios técnicos y financieros que determinen el impacto fiscal de los procesos de formalización madres y padres comunitarios.
Luego de un estudio sectorial, la Contraloría alertó al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF- sobre posible riesgo fiscal en la vinculación de madres y padres comunitarios en la planta de personal de la entidad.
El estudio evaluó el papel del ICBF en la garantía de las condiciones laborales de más de 40.000 madres y padres comunitarios, y concluyó que la mayoría de ellos que presta sus servicios en la modalidad comunitaria de atención a casi 500.000 niños menores de 5 años, a través de operadores, esperan tener una mejora en sus condiciones laborales, por lo que se requiere de un estudio técnico y financiero del impacto fiscal de la normalización de los mismos en la planta de personal del instituto.
Riesgos fiscales
Frente a los anuncios del gobierno nacional que tienen que ver con los procesos de normalización de la vinculación laboral de madres y padres comunitarios, la Contraloría hizo un llamado para que se adelanten los estudios técnicos y financieros pertinentes que conlleven a la determinación del impacto fiscal de los procesos de formalización progresiva y gradual de las más de 40.000 madres y padres comunitarios que prestan sus servicios en la modalidad comunitaria, al igual que respecto de los subsidios de subsistencia para exmadres y padres comunitarios y sustitutos, de acuerdo con el Marco Fiscal de Mediano Plazo y el Marco de Gasto de Mediano Plazo.
Lo anterior, teniendo en cuenta que, en las proyecciones realizadas por la Contraloría se observa que se podría presentar un impacto fiscal en el presupuesto del ICBF, de aproximadamente 1 billón de pesos adicionales en cada vigencia, sin tener en cuenta los subsidios de subsistencia, sobre los cuales la Contraloría no tiene certeza, por no existir estudios técnicos y económicos por parte de la entidad.
Faltan controles
Respecto de las labores de supervisión de los contratos con operadores a cargo del ICBF, se estableció que dicha supervisión se limita a un control netamente administrativo, dejando de lado la supervisión financiera y jurídica, circunstancia que limita la solución de los problemas con oportunidad, en aras de garantizar la prestación del servicio a la primera infancia en condiciones de normalidad.
Se evidencia que no se realiza una correcta verificación de los perfiles de las personas vinculadas como madres y padres comunitarios, y tampoco se ejerce un control y seguimiento a su adecuada contratación y correcto pago de prestaciones sociales.
Además, en el proceso de verificación de la eficacia de la gestión del instituto, se encontraron inconsistencias en la información suministrada por la entidad frente a la ejecución presupuestal en la modalidad comunitaria en las vigencias 2016 a 2022, superiores a los 40 billones de pesos.
Esta situación pone de manifiesto la posible materialización de riesgos que pueden conllevar a pérdidas en el recurso público, toda vez que la entidad no tiene certeza de los recursos ejecutados en el programa.
Las diferencias existentes entre la información suministrada por el ICBF, frente a los datos del sistema de seguimiento a proyectos de inversión SPI, ascienden a una suma superior a los 9 billones de pesos.
