Con el propósito de dialogar con los representantes de los pueblos étnicos y conocer de primera mano sus experiencias, trabajo y desafíos frente al Acuerdo de Paz de 2016, la vicepresidenta y ministra de Igualdad y Equidad, Francia Márquez Mina, recibió en Buenaventura a las y los miembros del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.
En esta ocasión, acompañada por el canciller (e), Luis Gilberto Murillo, y delegados/as del Gobierno Nacional, también dio la bienvenida al Representante Especial del secretario general de la ONU, Carlos Ruiz Massieu. La funcionaria agradeció su presencia en un territorio que ha sido históricamente tan golpeado por la violencia.
“Agradezco al Consejo de Seguridad de la ONU por haber aceptado la invitación que realizamos en enero del año pasado durante mi intervención en la ONU, en Nueva York, a sesionar desde los lugares donde el conflicto ha afectado de manera desproporcionada a sus comunidades. Esta es una oportunidad de escuchar las voces de quienes han enfrentado las consecuencias de las violencias y la guerra”, enfatizó.
De igual manera, la mandataria insistió en que la directriz del presidente Gustavo Petro ha sido la de priorizar la inversión social en los territorios excluidos y marginados, y recalcó el compromiso del Gobierno para seguir avanzando en la ejecución del Capítulo Étnico, superar el rezago que tiene y cumplir con las metas que esperan los pueblos.
“La paz total pasa por seguir avanzando en los diálogos con los distintos actores, por el desmonte de las estructuras criminales y por romper la connivencia entre la institucionalidad y los grupos armados. La Paz total también pasa porque la Fiscalía, en el ejercicio de sus competencias, investigue los delitos y evite la impunidad que destruye la confianza de la gente en la justicia”, indicó.
Así mismo, Márquez Mina recalcó que los avances en el cumplimiento del Capítulo Étnico son urgentes para el Pacífico colombiano y señaló que “hemos tomado la decisión de incorporar en nuestro texto constitucional dos reformas para reconocer los derechos del campesinado y otras poblaciones agrícolas y pesqueras.
Igualmente, la vicepresidenta y ministra de Igualdad, aseguró que “así mismo, hemos creado la jurisdicción agraria con los canales para que las comunidades puedan resolver sus derechos territoriales. También hemos avanzado en la reglamentación de los capítulos IV sobre uso de la tierra, protección de los recursos naturales y del ambiente, y el capítulo V sobre recursos mineros de la Ley 70, ley que reconocen los derechos de las comunidades negras”.
En ese mismo sentido, la mandataria se refirió a la firma del decreto sobre ampliación y saneamiento de los territorios afro, negros, raizales y palenqueros.
“El compromiso del gobierno al final de su periodo es hacer reforma rural en un millón y medio de hectáreas, y titular tres millones para el goce de los derechos territoriales de las comunidades”, sostuvo Márquez Mina.
Cabe señalar que el capítulo étnico es uno de los cinco puntos del acuerdo al que hace seguimiento la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, que recientemente voto por unanimidad prolongar su acompañamiento hasta el 21 de octubre de 2024.
Compromiso con las víctimas
Entre tanto, la directora de la Unidad para las Víctimas, Patricia Tobón Yagarí, afirmó que este Gobierno reconoce la deuda que tiene el país con los pueblos étnicos, así como el impacto desproporcionado que dejó el conflicto armado en sus cuerpos, comunidades y territorios.
Por esa razón, agregó la funcionaria, la Unidad para las Víctimas está trabajando por avanzar en la implementación de los puntos establecidos en el Capítulo Étnico del Acuerdo de Paz y ratificó el compromiso por garantizar sus derechos y contribuir a avanzar en el proceso de su reparación.
“Este es un encuentro muy importante para el proceso de paz en Colombia. La Unidad para las Víctimas está comprometida en el cumplimiento de los indicadores contemplados en el Acuerdo de Paz. Naciones Unidas tiene una preocupación especial por los avances del Capítulo Étnico y en este Gobierno hemos priorizado el cumplimiento de estos acuerdos”, expresó Tobón Yagarí.
¿Cómo hemos avanzado?
Para el cumplimiento del Capítulo Étnico del Acuerdo Final de Paz, la Unidad para las Víctimas está trabajando en procesos como la reglamentación de los Decretos Ley Étnicos 4633,4634, 4635, en el cual lidera el derecho fundamental a la Consulta Previa, Libre e Informada y en el que se logró que todas las entidades del SNARIV se vincularan a este ejercicio.
Así mismo, tras diez años de su expedición, y constantes recomendaciones, la reglamentación de los decretos ley étnicos que adelanta este Gobierno se hace con el propósito de incorporar este enfoque a la implementación de ayudas humanitarias, reparación individual y colectiva, retornos y reubicaciones, Planes Integrales de Reparación Colectiva y demás acciones de la entidad en los territorios étnicos.
Cabe destacar que desde la Unidad se ha iniciado la intervención en casos étnicos priorizados en el Capítulo Étnico del Acuerdo de Paz y con rezagos históricos en la implementación de la política pública de víctimas.
Entre ellos, está el proceso con los pueblos Jiw y Nukak, con quienes se ha mantenido su atención y ya se viene implementando un plan de intervención integral en articulación con otras entidades.
Además, está el retorno del pueblo Emberá en Bagadó, Chocó, y las acciones de prevención y prevención con consejos comunitarios del Pacífico de acuerdo con los Planes Específicos para comunidades negras y afrocolombianas.
Por otro lado, hay que resaltar el trabajo que se ha hecho con las mujeres para garantizar el enfoque mujer, familia y generación, con acciones como el plan de trabajo ya aprobado con la Comisión Nacional de Mujeres Indígenas (CNMI) y los encuentros realizados con mujeres víctimas del pueblo rrom y de comunidades negras, afro, raizales y palenqueras.
Asimismo, el avance que se realizó en 2023 con la aprobación de 27 Planes de Reparación Colectiva Étnicos, para llegar a un total de 111 sujetos que se encuentran ya en fase de implementación.
