La reciente declaración de Gregorio Eljach en Cartagena no solo es una precisión técnica; es un bálsamo de realismo jurídico en un país donde la indignación ciudadana suele buscar atajos institucionales. Al aclarar que la Procuraduría General de la Nación carece de competencia para sancionar al presidente Gustavo Petro, Eljach devuelve la pelota a la cancha que siempre le ha correspondido: el Congreso de la República.
En un entorno polarizado, es comprensible que la sociedad civil exija resultados inmediatos ante comportamientos que perciben como una extralimitación del Ejecutivo. Sin embargo, la arquitectura constitucional colombiana es clara. El fuero presidencial no es un privilegio de impunidad, sino una salvaguarda de la estabilidad democrática. Si cualquier organismo de control pudiera suspender a un mandatario por fuera de los canales establecidos, la figura presidencial quedaría a merced de los vaivenes políticos de turno.
La Comisión de Acusación: ¿El Embudo de la Justicia?
Eljach fue enfático: la responsabilidad recae sobre la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes. Aquí es donde el argumento se vuelve agridulce para el ciudadano de a pie.
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El Debido Proceso: Como se discutió en el panel de Asofondos, el respeto a las reglas y tiempos es lo que separa a una democracia de un régimen autoritario.
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La Realidad Política: Históricamente, esta comisión ha sido apodada la “comisión de absoluciones”. Al ser un órgano compuesto por políticos juzgando a un político, la carga de la prueba suele chocar contra la pared de las coaliciones de gobierno.
“La respuesta estatal exige reglas, tiempos y competencias en firme.” — Este mensaje compartido por Eljach y Hernán Penagos subraya que la democracia no puede operar bajo el dictado de la presión mediática, sino bajo el rigor del derecho.
El Control Institucional como Dialéctica
Es refrescante escuchar a voces como la de Alberto Montaña defender que demandar normas no es un acto de sabotaje, sino una herramienta legítima del debate democrático. En Colombia, nos hemos acostumbrado a ver el litigio estratégico como una guerra, cuando en realidad es el mecanismo para que las instituciones hablen.
El mensaje final de este encuentro en Cartagena es una lección de pedagogía constitucional. No se trata de proteger a una persona, sino de proteger la majestad del cargo y el equilibrio de poderes. Si el país desea que las acciones del presidente sean evaluadas, la mirada debe dejar de estar puesta en la Procuraduría y enfocarse, con rigor y exigencia ciudadana, en el Congreso. Al final del día, el orden institucional es la única garantía de que, sin importar quién esté en el poder, las reglas del juego se mantengan iguales para todos.
