El brutal asesinato de Rogers Mauricio Devia y Fabián Cardona en carreteras del Meta no es solo una tragedia familiar que desgarra a la comunidad de Cubarral; es un recordatorio de la fragilidad de nuestra democracia y del precio de la participación política. Ambos hombres, vinculados activamente a la campaña presidencial de Abelardo de la Espriella, regresaban de una jornada de trabajo ordinaria —recoger publicidad política— cuando la violencia criminal interrumpió sus vidas y su derecho a disentir y construir país.
Este doble homicidio expone una realidad alarmante que muchos prefieren ignorar: en Colombia, hacer política en las regiones sigue siendo un oficio de alto riesgo. La imagen de una de las víctimas portando un chaleco de la campaña al lado de la carretera no es solo una prueba judicial; es un símbolo escalofriante de cómo el activismo político se convierte, a ojos de los violentos, en un blanco móvil.
El peligro de la normalización
No podemos permitir que el debate público asimile estos hechos como “gajes del oficio” electoral. Cuando las estructuras criminales deciden quién puede y quién no puede hacer campaña en un territorio, el derecho al voto se convierte en una farsa y la libertad ciudadana queda secuestrada por el miedo.
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El mensaje del terror: Matar a un coordinador de campaña y a un exsecretario de Gobierno es un acto deliberado para sembrar el pánico en las bases sociales.
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La vulnerabilidad regional: Mientras en las capitales el debate político se da en escenarios controlados y redes sociales, en la periferia se libra en carreteras desprotegidas y bajo la sombra de la ilegalidad.
Más allá de las banderas políticas
Frente a la gravedad de este ataque, la respuesta institucional y social debe ser unánime. Aquí no importan las simpatías o diferencias ideológicas que se tengan con la candidatura de Abelardo de la Espriella; lo que está en juego es la defensa de la vida y las garantías democráticas. La solidaridad expresada por el gerente regional de la campaña, Jaime Andrés Beltrán, y el firme pronunciamiento del propio candidato, asegurando que no darán un paso atrás, demuestran la resiliencia de quienes buscan el poder por las vías legales, pero también la urgencia de que el Estado responda con contundencia.
“La muerte de quienes defienden un proyecto político no puede ser el costo de la democracia. El silencio de las armas no debe imponer la agenda electoral.”
El desafío del Estado
Las autoridades judiciales y el Gobierno Nacional tienen la obligación inmediata de esclarecer este crimen, capturar a los responsables materiales e intelectuales, y demostrar que el Estado tiene el control del territorio. Si las campañas presidenciales no pueden garantizar la vida de sus líderes locales, las elecciones perderán toda legitimidad.
La memoria de Rogers Mauricio Devia y Fabián Cardona exige justicia, pero, sobre todo, exige que el Meta y toda Colombia dejen de ser el escenario donde las ideas se debaten con balas. La política debe ser un ejercicio de confrontación de argumentos, jamás un pasaporte hacia la muerte.
