El paisaje urbano de ciudades como Bogotá, Medellín, Cali o Popayán ha cambiado drásticamente. Al rugido tradicional de los motores a gasolina hoy se le suma un silencio silencioso, valga la paradoja: el de las motos eléctricas. La transición hacia una movilidad más limpia y económica ya no es una promesa de campaña ni un asunto exclusivo de ambientalistas; es una realidad masiva. Sin embargo, como suele ocurrir en Colombia, la tecnología rueda más rápido que la pedagogía ciudadana, y este 2026 nos recibe con un cable a tierra que muchos no vieron venir.
La entrada en vigor de las exigencias derivadas de la Ley 2486 de 2025 pone fin al mito de que por tener un vehículo eléctrico se transitaba en una especie de “tierra de nadie” legal. Portar una licencia A1, el SOAT, la revisión técnico-mecánica y la tarjeta de propiedad ya no son exclusivos del motero tradicional. Y tiene todo el sentido del mundo. El asfalto no discrimina el tipo de energía que propulsa un vehículo al momento de un accidente; el riesgo de un impacto a 50 km/h es el mismo, se alimente el motor con corriente o con corriente de aire.
Sin embargo, aquí es donde la norma se topa con la compleja realidad colombiana. El bolsillo del ciudadano, golpeado por la inflación, ahora debe calcular el costo de un SOAT que, aunque necesario, sigue siendo un dolor de cabeza por su tramitología y costo. Una multa de $1.750.905 (más la temida inmovilización) por no tener el seguro al día no es una simple advertencia: es un golpe letal para la economía de cualquier trabajador que vio en la moto eléctrica su única alternativa de escape frente al colapso del transporte público.
El verdadero desafío no es sancionar, sino educar. La ley establece una línea delgada y confusa para el ciudadano común: si su vehículo pesa menos de 60 kilos y no supera los 40 km/h, entra en el limbo de las excepciones. Pero, ¿cuántos usuarios conocen realmente la ficha técnica de lo que compraron?
El vacío informativo es enorme. Muchos de los que hoy se mueven en estos vehículos lo hacen bajo la falsa creencia de que están exentos de todo, y se van a estrellar,literal y metafóricamente, contra los retenes de tránsito.
La regulación es bienvenida porque formaliza, protege al conductor ante un siniestro y organiza el caos vial. Pero si las autoridades se limitan a salir a las calles con la libreta de comparendos en mano, sin una campaña masiva de pedagogía previa, la medida será percibida como lo que siempre se critica: una estrategia puramente recaudatoria.
La electromovilidad es el futuro, sí, pero su éxito dependerá de que las reglas del juego sean tan claras y accesibles como el enchufe donde estos vehículos se cargan cada noche. De lo contrario, el sueño de las ciudades limpias terminará inmovilizado en los patios de tránsito.
