El tablero político y de seguridad en Colombia acaba de recibir su primer gran sacudida antes de la posesión presidencial del próximo 7 de agosto. Las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada (ACSN) han lanzado una carta abierta al presidente electo, Abelardo de la Espriella. El mensaje es claro: quieren hablar. Sin embargo, la respuesta no es tan simple, pues este llamado choca de frente con la que fue una de las banderas principales de la campaña del nuevo mandatario: el sometimiento incondicional en un plazo perentorio de un mes y el fin de los esquemas de negociación del gobierno saliente.
Este pronunciamiento pone al próximo gobierno ante su primer gran dilema pragmático: ¿Es posible pacificar los territorios exclusivamente bajo la lógica del ultimátum, o la realidad del Caribe exigirá matices a la narrativa de la mano firme?
El fracaso de las promesas abstractas
Las ACSN justifican su aproximación haciendo una dura radiografía del proceso con la administración de Gustavo Petro. Señalan que las expectativas se quedaron en el papel y que los compromisos con las comunidades jamás se materializaron en el territorio. En esto, el grupo armado toca una fibra sensible y real: la paz no se mide en el número de mesas de diálogo instaladas en Bogotá, sino en la reducción del desplazamiento, el cese de las extorsiones y la libertad de movilidad en las estribaciones de la Sierra Nevada.
Al exigir que cualquier acercamiento futuro produzca “resultados verificables”, el grupo armado, paradójicamente, adopta un lenguaje que el propio De la Espriella podría capitalizar. La diferencia radica en el cómo. Mientras las ACSN piden inversión social, garantías territoriales y un diálogo “sin condicionamientos políticos”, la plataforma del presidente electo se construyó sobre la premisa de que la autoridad del Estado no se negocia con organizaciones al margen de la ley.
El choque de dos visiones
El desafío para la administración entrante es mayúsculo. Por un lado, ceder de inmediato a un diálogo abierto con las ACSN podría ser leído por su electorado como una debilidad o un viraje prematuro de sus promesas de campaña. Por el otro, ignorar por completo los canales de comunicación y apostar únicamente por una salida militar o un sometimiento judicial exprés corre el riesgo de reactivar con fuerza los niveles de confrontación en una región donde la infraestructura turística, agrícola y comunitaria es altamente vulnerable.
La encrucijada jurídica y política: Cualquier paso que dé el nuevo gobierno no solo requerirá una estrategia de defensa robusta, sino un encuadre jurídico impecable que garantice los derechos de las víctimas y no ofrezca impunidad, respetando el Estado de derecho que el mismo De la Espriella ha prometido defender con vehemencia.
La oportunidad de una “mano firme inteligente”
La solicitud de las ACSN no debe verse necesariamente como un tropiezo para el discurso del nuevo gobierno, sino como una oportunidad para demostrar cómo funciona la autoridad con resultados. El gobierno entrante podría utilizar este escenario para demostrar que el sometimiento a la ley no implica el abandono de los territorios; al contrario, la exigencia de desarme puede y debe ir acompañada de la llegada inmediata de la inversión social, la educación y la seguridad institucional que las poblaciones de la Sierra Nevada llevan décadas reclamando.
El 7 de agosto marcará el inicio de una nueva era política en Colombia. La respuesta que el Palacio de Nariño dé a este comunicado será el primer indicador real de si la política de seguridad del nuevo gobierno se quedará en la rigidez de la retórica de campaña o si sabrá adaptarse con pragmatismo y astucia a la compleja y persistente realidad de la violencia en el Caribe colombiano.
¿Qué enfoque consideras que debería priorizar el nuevo gobierno en sus primeros 100 días para abordar la situación de seguridad en la Sierra Nevada sin contradecir su discurso de campaña?
