La política colombiana es un escenario propenso a las grandes epopeyas narrativas, pero implacable con la realidad. En 2022, la llegada de Gustavo Petro a la Casa de Nariño se vendió como un hito fundacional: la promesa de un nuevo amanecer ético que desterraría de tajo las viejas mañas del clientelismo y la corrupción de las élites tradicionales. Sin embargo, a la vuelta de los años, el relato de la “superioridad moral” de la izquierda se ha estrellado de frente contra el pragmatismo crudo del poder. Lo que hoy queda es el reflejo de un espejo roto.
El inventario de crisis de este periodo no es menor ni accesorio. Va desde la flagrante corrupción en el saqueo de la UNGRD con los carrotanques de La Guajira, donde las viejas maletas de efectivo sirvieron para aceitar voluntades legislativas, hasta las fisuras domésticas convertidas en expedientes judiciales, como el caso de Nicolás Petro y la oscura financiación en el Caribe, o el amargo episodio de Marelbys Meza y Laura Sarabia, que revivió fantasmas de abusos de poder e interceptaciones ilegales.
Cada uno de estos episodios, sumado a la filtración de los llamados “Petrovideos”, donde se admitía sin tapujos la estrategia de “correr la línea ética”, opera como un desmentido absoluto a la promesa de campaña. El poder en Colombia posee una inercia estructural tan profunda que termina doblando cualquier bandera ideológica. Cuando las necesidades de gobernabilidad apremiaron y las reformas se estancaron, el Gobierno del “cambio” no dudó en meter la mano en la misma caja de herramientas de la política tradicional que tanto cuestionó desde la oposición: el cupo indicativo, el favor político y el pacto bajo la mesa, cuyo germen ya se vislumbraba desde el polémico “Pacto de La Picota”.
La gran lección de este ciclo político es tan vieja como la república: la moralidad pública no es un monopolio de las orillas ideológicas, sino el resultado del rigor y la independencia de los contrapesos institucionales.
A falta de resultados tangibles y cercado por las investigaciones del Consejo Nacional Electoral (CNE) por la presunta violación de topes, asumidas defensivamente bajo la narrativa de un “golpe de Estado blando”, el Ejecutivo ha optado por la radicalización del discurso. La gestión se trasladó de los ministerios a la red social X y a las tarimas internacionales. Allí, la retórica se volvió hiperbólica: desde la agresiva asfixia discursiva y financiera al sistema de salud, hasta paralelismos históricos desafortunados con el nazismo que fracturaron relaciones diplomáticas, o discursos ante la ONU que insisten en buscar culpables externos en las mansiones de Miami en lugar de asumir el control del orden público interno. Incluso el debate sobre las ausencias institucionales terminó despachado con un portazo a la prensa sobre la intimidad presidencial.
Al final, la mutación política del petrismo demuestra que el ejercicio del gobierno es un baño de realidad. Colombia no se refundó ni la ética pública se transformó por decreto o carisma. El espejo se rompió y lo que revela no es un país transformado, sino la confirmación de que el poder, sin importar quién lo ejerza, siempre intentará desbordar sus límites si las instituciones y la ciudadanía se lo permiten.
