El próximo 20 de julio, mientras se instala un nuevo periodo legislativo en el Congreso de la República, se radicará una iniciativa que promete encender el debate sobre la representatividad en Colombia: un proyecto de ley, liderado por la representante Catherine Juvinao, que busca crear dos curules especiales (una en el Senado y otra en la Cámara) exclusivas para las juventudes, enfocadas especialmente en el rango de los 18 a los 25 años.
A primera vista, la propuesta suena idílica y responde a un diagnóstico innegable: la desconexión histórica entre la clase política tradicional y las nuevas generaciones. Los jóvenes colombianos han demostrado en las calles, en las urnas y en los entornos digitales que quieren ser artífices de su propio destino. Que se les abra un espacio directo para legislar sobre educación, empleo y emprendimiento parece el paso lógico en una democracia que se pretenda incluyente.
Sin embargo, el diablo suele estar en los detalles, y es allí donde el análisis debe primar sobre el entusiasmo. La creación de curules especiales plantea, de entrada, dos grandes interrogantes: la efectividad real de una representación tan minoritaria y el riesgo de la instrumentalización política.
En primer lugar, ¿qué tanto impacto real pueden tener dos votos en un mar de casi 300 congresistas? Si bien es cierto que toda gran transformación empieza por una voz, el riesgo de que estas curules se conviertan en un oasis testimonial —una suerte de “cuota de pantalla” para colgarse la medalla de la inclusión— es latente. La juventud no es un bloque homogéneo; un joven rural del Cauca tiene prioridades abismalmente distintas a las de un universitario de Bogotá. Pretender que dos personas sinteticen las realidades de los 32 departamentos es, por decir lo menos, un desafío titánico.
En segundo lugar, está el fantasma de la cooptación. Los Consejos Municipales de Juventud (CMJ), que nacieron con un espíritu similar de gobernanza local, terminaron en muchos rincones del país convertidos en semilleros de los partidos tradicionales, donde las maquinarias terminaron imponiendo sus dinámicas. Si el mecanismo de elección de estas nuevas curules no es blindado con absoluta rigurosidad técnica y jurídica, corremos el riesgo de financiar, con el dinero de todos los colombianos, dos trampolines más para los herederos de la política de siempre.
A favor del proyecto juega su origen: un proceso de socialización que, según se reporta, ha escuchado a delegados de todo el territorio nacional desde principios de año. Eso le otorga legitimidad de base. Además, abrir el Congreso a menores de 25 años rompe barreras de edad que hoy limitan el acceso al poder legislativo superior.
El trámite que inicia este 20 de julio será la verdadera prueba de fuego. El Congreso no solo deberá discutir el qué, sino el cómo. Si la iniciativa logra estructurar un sistema de elección meritocrático, verdaderamente independiente y descentralizado, podríamos estar ante un hito histórico. Pero si se queda en la superficie, será solo otro intento de maquillar con frescura juvenil las desgastadas estructuras del poder legislativo en Colombia. La juventud merece voz, pero sobre todo, merece respeto y eficacia, no un simple saludo a la bandera.
