La política colombiana y su sistema penitenciario tienen un talento casi artístico para fusionar el espectáculo mediático con la aplicación de la justicia. La reciente decisión de trasladar a Daneidy Barrera Rojas, conocida como «Epa Colombia», a la cárcel de Ibagué bajo el argumento de acabar con sus presuntos privilegios VIP en Bogotá, no es más que la radiografía de un país donde la ley se aplica según la presión de los titulares de prensa o el cálculo político del gobernante de turno.
Por un lado, el fondo de la discusión pone en evidencia la podredumbre estructural del INPEC y de las instituciones penitenciarias. El hallazgo de celulares, vehículos de alta gama y tratos de favor en recintos donde el resto de la población carcelaria padece hacinamiento y tratos inhumanos es inaceptable. Que la detención de una figura pública deba convertirse en un constante estira y afloja entre defensas legales que apelan a la lágrima y denuncias por lujos irregulares solo demuestra que el dinero y la fama siguen operando como un salvoconducto tras las rejas.
Por otro lado, la narrativa de la «manodura» y los golpes de autoridad mediatizados tampoco abordan el problema real. Utilizar casos mediáticos para simular una reforma estructural al sistema carcelario —mientras se camuflan reordenamientos masivos de cabecillas de mayor peligrosidad— es la fórmula clásica del populismo punitivo. El traslado de una creadora de contenido no arreglará la corrupción endémica del sistema ni el hacinamiento crítico de las prisiones colombianas.
La justicia no debe ser ni un show mediático para ganar simpatías ni un hotel de paso con comodidades para quienes tienen influencia. Mientras el país celebre o lamente los traslados de sus figuras públicas como si se tratara de un episodio de reality show, el sistema penitenciario continuará siendo lo que siempre ha sido: un centro de privilegios para unos pocos y un infierno sin rehabilitación para la mayoría.
