El anuncio de la alcaldesa Luz Adiela Salazar Gómez sobre la llegada del Grupo de Operaciones Especiales (GOES) de la Policía Nacional marca un hito de “mano dura” en la agenda de seguridad de Puerto Tejada. La llegada de tropas capacitadas para operativos de alto impacto responde, sin duda, a un clamor ciudadano desesperado por frenar el hurto, las fronteras invisibles y la violencia entre pandillas que ha azotado históricamente al municipio. Desde la perspectiva institucional, la señal es clara: la autoridad busca recuperar el control territorial y enviar un mensaje de cero tolerancia al delito.
Sin embargo, celebrar la presencia policial como la solución definitiva a los problemas de convivencia de Puerto Tejada es ignorar la raíz del fenómeno. La historia del norte del Cauca ha demostrado reiteradamente que el pie de fuerza es una medida reactiva, un paño de agua tibia que contenga la coyuntura, pero inadecuado para saldar deudas estructurales. El flagelo de la delincuencia en el municipio no nace por falta de fusiles, sino por la profunda falta de oportunidades para los jóvenes, la deserción escolar, el desempleo y la escasez de alternativas de vida dignas que compitan contra el atractivo del crimen organizado.
Recuperar la tranquilidad requiere un balance real entre la operatividad táctica y la inversión social. Si el despliegue del GOES no viene acompañado de programas integrales de inclusión juvenil, cultura, deporte e intervención comunitaria en los barrios más vulnerables, el éxito de estos operativos será meramente temporal. La verdadera firmeza contra la delincuencia no solo se mide en capturas y patrullajes, sino en la capacidad del Estado para evitar que las nuevas generaciones sigan alimentando el círculo de la violencia.
La protección a la Fuerza Pública en su misión es un deseo compartido, pero la comunidad de Puerto Tejada no solo necesita policías en las calles; necesita garantías duraderas de que la paz se construirá desde la transformación social.
