El negocio de la fotodetección en Colombia se convirtió, con el paso de los años, en un monumento a la distorsión del derecho público. Lo que nació en la teoría regulatoria como una herramienta tecnológica para salvar vidas en puntos de alta siniestralidad, derivó en una rentable maquinaria de recaudo para operadores privados y en un dolor de cabeza crónico para los ciudadanos. Por eso, el anuncio del Ministerio de Transporte, bajo la instrucción del presidente Abelardo de la Espriella y la gestión de la ministra Elsa Noguera, no solo es oportuno, sino urgente: someter a una auditoría técnica y financiera rigurosa a todos los sistemas de fotomultas del país.
El caso de Popayán es la radiografía perfecta de este colapso institucional. La capital del Cauca encarna todas las patologías del modelo: un operador privado que percibe ingresos multimillonarios mientras la infraestructura vial municipal se cae a pedazos; una Secretaría de Tránsito sumergida en un estancamiento jurídico por negarse a aplicar la prescripción de fotomultas de más de tres años; y desacatos sistemáticos a fallos de tutela emitidos por la justicia ordinaria. A esto se suma el tufo de la inequidad, avivado por denuncias sobre exoneraciones exprés para los allegados al poder político de turno, en contraste con el calvario administrativo al que se somete al ciudadano de a pie.
Cuando un contrato concesionado prioriza la caja registradora sobre la pedagogía vial, se pierde toda legitimidad del Estado. Las cámaras no pueden seguir escondidas detrás de árboles o ubicadas en rectas de aceleración natural sin la debida señalización previa, buscando la infracción como fin y no como prevención. La intervención de la Superintendencia de Transporte y de la Agencia Nacional de Seguridad Vial debe ser drástica: aquel radar que no demuestre con cifras en mano su impacto real en la reducción de accidentes debe ser desmantelado sin contemplaciones.
El Ejecutivo nacional le ha puesto la lupa a un problema estructural. Popayán tiene hoy la oportunidad y la obligación, de depurar sus bases de datos, responder ante los organismos de control y definir si su sistema de movilidad está al servicio de la seguridad ciudadana o de los intereses particulares de un concesionario. La tecnología en las vías debe cuidar vidas, no arruinar bolsillos.
