El panorama político colombiano vuelve a verse sacudido por una tormenta mediática e institucional. Las recientes declaraciones de Eva Ferrer a la revista Semana ,que señalan presuntos vuelos clandestinos, transporte de divisas sin declarar e incluso drogas en aeronaves oficiales durante el mandato de Gustavo Petro, exigen una respuesta rigurosa de los organismos de control y de la justicia. La gravedad de las acusaciones no admite ambigüedades: cuando se insinúa el uso de recursos e infraestructuras del Estado para fines oscuros o particulares, la transparencia debe ser implacable.
Sin embargo, el tratamiento de esta coyuntura evidencia un fenómenorecurrente en la escena pública: la pronta instrumentalización mediática y la reacción política calculada. La solicitud de investigar los hechos es un deber constitucional ineludible, pero la sobreexposición en redes sociales y las narrativas preconcebidas amenazan con empañar el verdadero propósito de la justicia, que no es alimentar titulares ni capitalizar réditos electorales, sino verificar hechos con pruebas conducentes y contundentes.
Hasta el momento, los señalamientos de Ferrer corresponden al testimonio de una antigua colaboradora y no a hechos judicialmente probados. Es precisamente allí donde la Fiscalía General de la Nación, la Corte Suprema de Justicia y la Procuraduría deben actuar con celeridad e independencia, alejadas del ruido mediático y de las presiones políticas. Convertir cada acusación en un juicio sumario en la plaza pública mina la confianza en las instituciones y confunde el debate democrático.
Colombia necesita explicaciones claras sobre la gestión de las aeronaves oficiales y el rigor en los protocolos de la Fuerza Aérea, pero sobre todo requiere procesar las crisis con madurez institucional. La verdad no se establece a fuerza de trinos ni de acusaciones cruzadas, sino mediante investigaciones exhaustivas, objetivas y apega al debido proceso.


































































