Estos son[1]:
“Tierras, territorios y ordenamiento territorial: En este punto las comunidades le han exigido al gobierno que sean ellas las que redefinan cómo se organiza el territorio, que se reconozca al campesinado como sujeto de derechos, que se reconozcan las zonas de reserva campesina, los territorios indígenas y ancestrales, las zonas agroalimentarias, los territorios afrocolombianos. Territorios que se ha visto afectados por la implementación de un modelo agroindustrial y minero energético que está generando despojo en los territorios.
La economía propia contra el despojo: Las diferentes organizaciones y comunidades exigen al gobierno que se derogue la ley ZIDRES que ha promovido inversión por parte multinacionales y agroindustriales, afectando a los pequeños productores campesinos, las comunidades rurales y sus prácticas culturales. A su vez plantean la defensa de la soberanía y seguridad alimentaria a través de proyectos institucionales que estén hechos a partir de la realidad de las comunidades. De otro lado expresan que las comunidades también deben participar de la construcción de lo que sería una Reforma Tributaría que incluya las problemáticas de los sectores populares.
Minería, Energía y Ruralidad: Las últimas licencias otorgadas en diferentes partes del país a multinacionales para la explotación del subsuelo ha incumplido con los acuerdos sobre la moratoria minera, la obligación de las sentencias de consulta previa a las comunidades para los proyectos de extracción y explotación del subsuelo, y el replanteamiento de una política minero energética más amigable con la tierra.
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Derechos políticos, garantías, víctimas y justicia: Las comunidades y organizaciones exigen al gobierno la derogación de la ley de Seguridad Ciudadana, garantías y respeto a los derechos humanos para las comunidades, debido a las situaciones de hostigamientos que se han presentado en diferentes territorios , a su vez exigen que se establezca una política real que confronte al paramilitarismo que se encuentra activo y amenaza a las comunidades diariamente.
Paz, Justicia Social y Solución Política: Las comunidades y organizaciones aplauden y apoyan los avances en el proceso de paz entre el gobierno y la guerrilla de las FARC-EP, sin embargo hacen un llamado a la mesa de diálogos para que se involucre al movimiento social y popular en la discusión del proceso para construir una paz vinculante y participativa.
Derechos Sociales: Diferentes sectores del movimiento social han expresado la vulneración a derechos como la educación, salud, trabajo, vivienda digna y recreación en la medida de que aún no se garantizan a toda la población colombiana y se profundiza cada vez más la crisis de des financiación estatal a hospitales y universidades públicas.
Relación Campo – Ciudad: Las comunidades le exigen al gobierno nacional la defensa del agua como un derecho fundamental y la protección a las fuentes hídricas afectadas por la otorgación de títulos mineros en diferentes regiones donde se encuentran. Además, demandan frenar la venta de empresas públicas como la ETB.
Cultivos de Coca, Marihuana y Amapola: Las comunidades insisten en que las políticas antidrogas del gobierno Nacional son un fracaso y decisiones como la fumigación manual con glifosato solo demuestran la arbitrariedad e improvisación que el mismo tiene frente a la visión y tratamiento de los cultivos de coca, marihuana y amapola. Por ende, exigen la creación de programas de sustitución gradual, concertada, estructural y ambiental de estos cultivos.”
