La Fiscalía ha iniciado una investigación contra 36 Instituciones Prestadoras de Servicios (IPS) por facturar atención médica sin contar con la infraestructura necesaria para prestar dichos servicios.
La Agencia de Regulación de los Servicios de Salud (Adres) puso en conocimiento de la Fiscalía hallazgos surgidos tras intensas auditorías realizadas desde 2023, evidenciando graves irregularidades en el sistema de salud.
En septiembre del año pasado, la Adres ordenó suspender los pagos a 52 IPS, cuyas cuentas facturadas superaban los 70.000 millones de pesos. Durante el proceso, se constató que muchas de estas instituciones no contaban con la infraestructura física requerida para brindar servicios médico-quirúrgicos.
De las 52 entidades notificadas, 26 no presentaron recurso de reposición, consolidándose la medida, mientras que a diez que apelaron se les resolvió desfavorablemente.
El informe presentado a la Fiscalía detalla que las 36 IPS pretendían apropiarse ilegalmente de recursos por un valor de 79.511 millones de pesos.
La investigación incluyó auditorías en terreno realizadas por tres firmas contratadas en 2024 y un equipo interno de auditoría, quienes validaron las reclamaciones y contrastaron la información suministrada por las instituciones.
Durante las visitas, se comprobó la ausencia de infraestructura, lo que confirma la facturación de servicios que en realidad no fueron prestados.
Félix León Martínez, director de la Adres, alertó sobre una presunta estafa al detectar un incremento inusual en las reclamaciones por atención médica.
“Se observó un aumento desproporcionado en demandas por servicios a víctimas de accidentes, en muchos casos relacionados con vehículos sin el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (Soat) o situaciones fantasmas”, declaró el mandatario en el informe a la Fiscalía. Estos hechos revelan un posible esquema fraudulento para desviar fondos públicos destinados a la salud.
La Adres presentó un listado de las IPS que facturaron atención a heridos sin contar con la infraestructura necesaria.
De los 52 con pagos suspendidos, solo a nueve instituciones se les resolvió favorablemente, mientras que otras cuatro permanecen en estudio.
La concentración de estas irregularidades se registra principalmente en la región Caribe, afectando 28 municipios en Atlántico, cinco en Córdoba y uno en Magdalena.
Las autoridades aseguran que se tomarán medidas legales para recuperar los recursos y garantizar la integridad del sistema de salud, en un esfuerzo por prevenir fraudes y proteger los fondos públicos destinados a la atención médica.
