El reciente anuncio de la Fiscalía General de la Nación sobre una nueva línea de investigación financiera contra el Frente 36 de las disidencias de las FARC, liderado por Alexander Díaz Mendoza, alias Calarcá, marca un punto de inflexión crucial en la lucha contra el crimen organizado en Colombia. Este giro, impulsado por la información recuperada de los dispositivos electrónicos incautados al cabecilla, demuestra que las autoridades han comprendido que desmantelar a estos grupos no se logra solo con operativos militares, sino golpeando su corazón económico.
La Estrategia que Duele: Persecución Financiera
La decisión de la fiscal general, Luz Adriana Camargo, de enfocar esfuerzos en la identificación y persecución de las finanzas criminales es la estrategia más potente para minar la capacidad operativa de estas estructuras. Los computadores y discos duros de ‘Calarcá’ no solo revelaron el escándalo de una posible infiltración a la Fuerza Pública y la DNI, sino que también se han convertido en una radiografía de su músculo económico. El dinero es el oxígeno de la guerra, y cortarlo es asfixiar a la organización.
Este enfoque integral, que suma a la investigación de la infiltración la indagación sobre la financiación de la campaña presidencial y los nexos ilegales, pinta un panorama de la «información de la mayor gravedad» que el Estado colombiano no puede ignorar.
Redes de Poder y Corrupción: Un Riesgo a la Seguridad Nacional
El material incautado ha puesto bajo la lupa a figuras de alto rango, como el General Juan Miguel Huertas Herrera del Ejército y Wilmar de Jesús Mejía de la DNI, quienes presuntamente facilitaban contactos y proyectos, incluyendo la creación de empresas de seguridad para que las disidencias pudieran acceder a armas y vehículos blindados.
Este es un hallazgo escalofriante, pues sugiere una simbiosis perversa donde la criminalidad se apoya en eslabones de la institucionalidad para legitimarse y armarse. Las investigaciones sobre las alianzas entre distintos actores ilegales y las amenazas a la seguridad nacional demuestran que lo descubierto va más allá de un grupo subversivo; se trata de una red de corrupción que carcome al Estado desde dentro.
La Responsabilidad del Estado y la Confianza Ciudadana
El Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) tiene ahora una tarea monumental: descifrar el entramado financiero y de alianzas. La demora de año y cuatro meses desde la incautación de los dispositivos hasta el inicio de estas líneas de investigación genera interrogantes, pero el actual impulso de un equipo especial (Corte Suprema y Crimen Organizado) debe garantizar que, esta vez, la justicia actúe con la celeridad y contundencia que el caso exige.
El rastreo a las finanzas de ‘Calarcá’ es la oportunidad para demostrar que la ley alcanza a todos, desde el cabecilla criminal hasta el funcionario público que traiciona su juramento. La transparencia y la profundidad de esta investigación serán el termómetro de la capacidad del Estado colombiano para proteger su soberanía y restaurar la confianza ciudadana en sus instituciones.
