Hace unos años el proyecto logró con éxito surtir sus distintos trámites en las distintas comisiones del Congreso de la República, al punto de que logró ser aprobado con mayorías importantes, sin embargo, el proyecto se ahogó en el momento de la sanción presidencial pues el mandatario nacional del momento consideró improcedente obligar al gobierno a garantizar en las poblaciones más apartadas y humildes el mínimo vital de agua, debido a la ingente cantidad de recursos que esto comprometería. Ahora el proyecto regresa al Congreso.
Con ponencia del senador Guido Echeverri Piedrahita (En Marcha), la Comisión Sexta del Senado le dijo sí en primer debate al Proyecto de Ley No. 196 de 2022 cuyo objetivo es “fijar lineamientos para la formulación e implementación de programas de gratuidad del mínimo vital de agua potable por parte de municipios y distritos y así avanzar en el propósito de que el Estado cumpla con su deber de garantizar, especialmente, a la población más vulnerable el derecho al agua potable”.
Se trata de una iniciativa con autoría de los también senadores David Luna (Cambio Radical), Marcos Daniel Pineda (Partido Conservador), Juan Pablo Gallo (Partido Liberal), Miguel Uribe (Centro Democrático) y su ponente, el senador Guido Echeverri Piedrahita.
Garantizar la financiación del proyecto
Luego de estudiar los conceptos por el Ministerio de Hacienda se planteó una proposición sustitutiva para que distritos y municipios que alcancen una cobertura del servicio de acueducto igual o superior al 90% implementen programas para garantizar la gratuidad del mínimo vital de agua potable a quien lo necesite y no con subsidios tarifarios como se presentó el texto inicialmente.
El mínimo vital de agua deberá estar dentro del rango de 1,5 a 2,5 metros cúbicos por persona al mes o 6 metros cúbicos por suscriptor. En lo que respecta al término de implementación, se deberá efectuar a más tardar dentro de los dos años siguientes al inicio de la vigencia de la presente ley y a más tardar dentro de los dos años una vez los municipios o distritos alcancen el 90% de la cobertura en el servicio de acueducto.
Ahora, en términos de financiación, se dispondrán recursos propios, recursos del sistema general de participaciones y los demás que, según sea el caso, no afecten el marco fiscal de mediano plazo en cada municipio.
También se celebrarán contratos o convenios que correspondan con los operadores del servicio de acueducto, estableciendo las condiciones, el volumen, los montos, la inclusión de los beneficiarios y su retiro.
Para la senadora Soledad Tamayo Tamayo (Partido Conservador), en el artículo cuarto se debe incluir un instrumento de focalización para que una vez se aplique el programa se determine quienes efectivamente serán los favorecidos.
En la misma línea estuvo el senador Carlos Eduardo Guevara Villabón (Partido Mira), quien recordó que luego de muchos intentos este proyecto está más cerca de ser una realidad. Por ejemplo, en el 2008 cuando desde ese partido político se radicó un proyecto similar con la Defensoría del Pueblo al tratarse de una sustancia de primera necesidad. También sugirió la importancia de analizar la cantidad de litros por persona según su ubicación geográfica, sobre todo, en zonas costeras donde le consumo de agua es mayor.
Finalmente, el senador Roberth Daza Guevara (Pacto Histórico), aplaudió la aprobación del proyecto y aprovechó para manifestar su descontento con la privatización de acueductos en ciertos sectores del campo colombiano.
“Tenemos que avanzar en el fortalecimiento de los sistemas de acueductos comunitarios y desescalar el servicio del agua como un negocio. No buscamos que las empresas se quiebren, pero tampoco que hagan negocio con las tarifas”, indicó.
