La elección del nuevo Procurador General de la Nación, que estaba programada para los primeros días de noviembre, fue anticipada y se realizará el jueves de la próxima semana. La decisión se basa en el acuerdo entre el presidente del Senado, Mauricio Lizcano y las diferentes bancadas políticas. La escogencia estaba prevista en las sesiones de la primera semana de noviembre.
Las hojas de vida de los tres candidatos están en manos de la Comisión de Acreditación, una instancia del Senado que debe revisar si ninguno de los ternados tiene alguna inhabilidad o incompatibilidad para ocupar el cargo.
En la carrera por la Procuraduría están el exministro Fernando Carrillo, la exmagistrada de la Judicatura María Mercedes López y el exvicefiscal Jorge Fernando Perdomo. Si bien las diferentes bancadas todavía no han oficializado sus apoyos, la ventaja parecen tenerla Fernando Carrillo y María Mercedes López.
“No habría problema en votar la próxima semana porque ya se ha surtido un proceso de meritocracia y, de hecho, la audiencia pública para escuchar a los candidatos está programada para el martes que viene”, explicó el presidente del Senado, Mauricio Lizcano, al anunciar la nueva fecha.
Sin embargo en el Congreso se ha rumorado que la decisión de Lizcano tendría que ver directamente con la reforma tributaria y el apoyo que las bancadas le darían a la misma. Es decir, ante el prácticamente inminente triunfo del exministro y exembajador Fernando Carrillo, la inconformidad recaería directamente sobre la bancada conservadora que ha apoyado a la exmagistrada María Mercedes López.
Por eso, con la decisión de precipitar la elección, el gobierno estaría buscando un margen de maniobra y poder controlar el descontento azul que les resultaría el fracaso de la elección de López como nueva procuradora general.
En la reunión de hoy sobre el medio día, lo que buscarían las bancadas es lograr un consenso unánime en torno a un solo nombre y mantener la unidad que resultaría resquebrajada por cuenta de los ‘azules’ que sentirá que se le arrebatará una de las más importantes entidades del país.
Y es que la puja para definir el suceso del destituido Alejandro Ordóñez Maldonado, cuyo periodo inicia el primero de enero de 2017, tiene a los partidos con calculadora en mano y por ahora solo el nombre del exministro Carrillo podría marcar el paso.
La lucha por la Procuraduría podría resultar más intensa que la reciente elección de Fiscal General, ya que en esta, además de la intervención de todos los poderes, el pulso de los partidos define la elección.
Y no es para menos, la Procuraduría en un bocado exquisito, un presupuesto que supera los $490.000 millones para 2016, es una tentación para cualquiera, además del gran poder que tiene, ya que desde ella se define el futuro disciplinario de todos los servidores públicos, sin dejar por fuera a los parlamentarios.
