En el ajedrez de la política colombiana, pocas cosas son tan peligrosas como el respaldo de quien empuña un fusil. Los recientes audios atribuidos a las disidencias de las Farc bajo el mando de alias “Calarcá”, en los que se menciona la candidatura de Iván Cepeda, no son un espaldarazo; son, en realidad, un abrazo de oso diseñado para asfixiar la legitimidad democrática.
La paradoja de la intimidación
Resulta contradictorio, y casi cínico, que una estructura criminal use el nombre de un candidato para amenazar a la misma población que ese candidato pretende representar. Cuando un cabecilla dice: “Ojalá gane Cepeda… porque ahí sí lo vamos a apretar otros cuatro años”, no está haciendo campaña; está exponiendo una estrategia de parasitismo político.
Para estos grupos, el triunfo de ciertos sectores no es un fin ideológico, sino un cálculo de oportunidad para:
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Consolidar el control social mediante carnets y multas.
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Extorsionar a campesinos bajo el pretexto de un “clima político favorable”.
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Debilitar la institucionalidad desde las regiones.
La respuesta necesaria
Iván Cepeda ha hecho lo correcto y lo esperado: desmarcarse con vehemencia. Su rechazo en redes sociales no es solo una defensa de su nombre, sino un imperativo ético. En una campaña que ya se perfila como una de las más polarizadas hacia 2026, permitir que el ruido de las balas se confunda con el debate de las ideas es abrirle la puerta al autoritarismo regional.
“Ni mi campaña ni yo aceptamos esta clase de acciones”, afirmó el candidato. Esa línea debe ser la frontera infranqueable para cualquier aspirante, sin importar su orilla ideológica.
El reto para el Estado
Más allá de la indignación, este episodio deja sobre la mesa dos urgencias críticas:
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Verificación Inmediata: La inteligencia militar debe confirmar la autenticidad de los audios. Colombia tiene un historial oscuro de montajes destinados a descarrilar campañas.
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Protección Rural: Si las amenazas de multas de hasta 150 mil pesos y la exigencia de carnets son ciertas, el Estado está perdiendo la soberanía en el Guaviare frente a una burocracia criminal que ya ni siquiera se esconde.
Conclusión: La democracia colombiana no puede permitirse que los violentos actúen como jefes de debate. Que un grupo armado “prefiera” a un candidato no habla del candidato, sino de la ambición del grupo por someter al pueblo. El reto de Cepeda, y de todos los aspirantes en 2026, será demostrar que su poder emana del voto libre y no del silencio impuesto por una AK-47 en una vereda del Guaviare.
