El juego democrático se basa en una premisa fundamental: las reglas deben ser claras y los árbitros, neutrales. Cuando quien debe garantizar la transparencia del proceso electoral decide bajarse de la tribuna, ponerse la camiseta de un equipo y entrar a la cancha a empujar a los rivales, el partido pierde toda legitimidad. Eso es, precisamente, lo que estamos viviendo a pocos días de la primera vuelta presidencial.
La cascada de denuncias por presunta intervención en política por parte del Gobierno nacional, encabezado por el propio presidente y replicado por sus ministros, no es un asunto menor ni una simple “anécdota de campaña”. Es una grieta profunda en la estructura de nuestras garantías democráticas.
Intervenir en política no solo significa pedir el voto de frente; también se interviene cuando se usa el poder del Estado para minar a los contradictores. La denuncia de la candidata Claudia López ante la Comisión de Garantías Electorales y la CIDH es un síntoma alarmante de esto. Cuando el jefe de Estado la ataca sistemáticamente con acusaciones de “traición” por no alinearse con su visión, está inclinando la balanza de manera peligrosa. El ataque oficial es una forma de coacción electoral.
“Intervenir en política no es solo inclinarse en favor de algún candidato, sino también cuando se ataca a otro.”
Por otro lado, la sutileza parece haber quedado en el olvido. Las declaraciones del ministro de Salud en el Tolima, invitando a votar de forma vehemente para que continúe el partido de gobierno, acompañando a congresistas electos del Pacto Histórico, rozan el descaro. La apertura de investigación por parte de la Procuraduría es un paso institucional necesario, pero tristemente ineficaz a corto plazo.
Mientras tanto, el presidente recurre al ecosistema digital de su cuenta de X para jugar al límite de la norma. Entre metáforas sobre “pueblos que se vuelven ríos”, alusiones a “presidentes filósofos” y fábulas de ratones y gatos, el mensaje encriptado deja de serlo cuando se remata con un directo: “…de pronto ganamos nosotros, el Gobierno, las elecciones”. La Comisión de Acusaciones de la Cámara ya ha abierto una investigación de oficio, pero el daño a la neutralidad institucional ya está hecho.
El drama de la justicia tardía
El verdadero nudo gordiano de esta situación es la fragilidad de nuestras instituciones. Colombia no cuenta hoy con un remedio eficaz e inmediato para frenar en seco las irregularidades de un mandatario o sus ministros en pleno debate electoral.
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Sanciones extemporáneas: Los procesos en la Comisión de Acusaciones o la Procuraduría tardarán años.
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Efecto nulo en las urnas: Cuando salgan los fallos, el nuevo presidente ya estará gobernando y el debate actual será historia. La justicia tardía, en política electoral, no es justicia; es paisaje.
El presidente de la República debe ser el principal garante de la democracia, el símbolo de la unidad nacional y el guardián de la equidad en las urnas. Cuando decide perder el equilibrio, romper la neutralidad y tomar partido, la balanza se daña y los ciudadanos asistimos a un proceso cojo. Cuidar la democracia exige que quienes ostentan el poder entiendan que el Estado no es su comité de campaña.
